Economía traslada la operación al Consejo de Ministros, que podrá imponer nuevas condiciones a BBVA tras una consulta pública sin precedentes
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El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante una rueda de prensa posterior a una reunión con la comisaria europea de Servicios Financieros, en la sede del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a 26 de mayo de 2025, en Madrid // Alejandro Martínez Vélez – Europa Press
El Gobierno ha decidido intervenir de manera directa en la oferta pública de adquisición (opa) lanzada por BBVA sobre Banco Sabadell, al considerar que plantea riesgos de interés general que trascienden los criterios de competencia ya evaluados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha elevado el expediente al Consejo de Ministros, que dispone ahora de 30 días naturales para estudiar el caso y decidir si impone condiciones adicionales a las ya establecidas por la CNMC.
La decisión, según ha explicado el Ministerio, se fundamenta en los resultados de una consulta pública inédita realizada entre el 6 y el 16 de mayo, y en reuniones con otros ministerios dentro de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. El informe de Economía detecta riesgos vinculados al impacto que la operación podría tener en la regulación sectorial, la protección del empleo, la cohesión territorial, la I+D y la política social.
El precedente de Antena 3 y La Sexta abre todas las posibilidades
Aunque el análisis se eleva a una nueva instancia, desde el Ejecutivo se aclara que esta decisión no prejuzga el resultado final. El Consejo de Ministros podría ratificar la resolución de la CNMC, imponer nuevas condiciones o incluso suavizarlas, como ya sucedió en 2012 con la fusión de Antena 3 y La Sexta, cuando el Gobierno rebajó las restricciones para facilitar la operación.
Sin embargo, la actitud del Gobierno hacia esta opa ha sido crítica desde el inicio. El propio presidente, Pedro Sánchez, ha señalado los riesgos para la cohesión territorial, y varios ministros han alertado sobre sus posibles consecuencias en materia de exclusión financiera y destrucción de empleo. Se teme que la operación agrave la alta concentración bancaria ya existente en el sistema financiero español, una situación heredada de la crisis financiera y acentuada tras la pandemia.
Por su parte, BBVA mantiene que su propuesta contempla todas las preocupaciones expresadas por el Gobierno. El banco vasco sostiene que sus compromisos con la CNMC garantizan la inclusión financiera, el apoyo a pymes y autónomos y la competencia efectiva en territorios sensibles, como Cataluña, donde la presencia del grupo se vería reforzada.
El banco también ha subrayado que su operación incluye medidas para preservar el empleo y fomentar la innovación, pilares que considera alineados con los objetivos del Ejecutivo. En su planteamiento inicial, BBVA confiaba en resolver la opa en un plazo de entre seis y ocho meses, pero la nueva intervención gubernamental podría retrasar los plazos y reformular las condiciones del acuerdo.
Una opa bajo escrutinio político y social sin precedentes
El caso de BBVA y Sabadell se ha convertido en el primer gran proceso de concentración bancaria en España que pasa por un triple filtro: CNMC, consulta pública y Consejo de Ministros. Este procedimiento resalta la creciente preocupación por el impacto social y territorial de las decisiones corporativas en sectores estratégicos.
Además, supone una señal clara de que el Gobierno pretende jugar un papel más activo en operaciones que, aunque privadas, afectan al equilibrio económico nacional. La Ley de Defensa de la Competencia ampara este enfoque, al permitir al Ejecutivo actuar cuando existan razones de interés general más allá de la competencia pura.
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