Mientras la Fiscalía se ve envuelta en polémicas por su actuación, el Ejecutivo sigue manteniendo su respaldo al fiscal general
The post El Gobierno mantiene su defensa del fiscal general pese a las evidencias de corrupción first appeared on Hércules. A pesar de las nuevas revelaciones sobre la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el Gobierno sigue firme en su defensa. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado que el Ejecutivo le “apoya y respalda”, mostrando además su “sorpresa” por los motivos que han llevado al juez a citarle como investigado el 29 de enero por revelación de secretos.
En un acto oficial junto a García Ortiz, Bolaños arremetió contra la investigación judicial, insistiendo en que “este Gobierno apoya y respalda no solo al fiscal general, sino al último fiscal de nuestro país que persiga el delito y cuente la verdad”. Según el ministro, “no existe ninguna base probatoria” ni “ninguna evidencia” que justifique la citación de García Ortiz por parte del Tribunal Supremo.
El Ejecutivo insiste en su versión pese a los indicios
Bolaños defendió la presunción de inocencia de García Ortiz, afirmando que “España es un Estado de derecho con todas las garantías” y que “no se puede condenar a nadie si no existen pruebas”. No obstante, el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado considera que hay indicios suficientes para investigar al fiscal general, lo que no ha impedido que el Gobierno siga protegiéndole a toda costa.
La postura del Ejecutivo ha sido clara: mantener su apoyo sin fisuras a pesar de las pruebas que han llevado al Supremo a tomar cartas en el asunto. De hecho, el respaldo a García Ortiz también ha estado vinculado a la polémica gestión del caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en un intento de justificar las acciones del fiscal general.
El Tribunal Supremo avala a García Ortiz en una resolución inesperada
En paralelo a la citación judicial, el Tribunal Supremo sorprendió al validar la idoneidad de García Ortiz para ocupar su cargo. La decisión generó sorpresa porque anteriormente la propia Sala Tercera del Supremo había anulado varios nombramientos hechos por el fiscal general, como el del fiscal superior de Baleares, Julio Cano. Sin embargo, ahora el Tribunal considera que las decisiones de García Ortiz “ni aisladamente, ni en su conjunto, muestran el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones”.
El fallo ha sido interpretado como un espaldarazo al fiscal general y una reafirmación del poder discrecional del Gobierno en el nombramiento de altos cargos de la Fiscalía. A pesar de que García Ortiz está bajo investigación, la sentencia del Supremo le da margen de maniobra para seguir en su puesto.
El papel de la Fiscalía en el caso Miguel Ángel Blanco levanta críticas
El respaldo del Ejecutivo a García Ortiz también ha generado controversia en la Fiscalía. Recientemente, la ‘número dos’ del fiscal general, María Ángeles Sánchez Conde, se impuso a la opinión mayoritaria de 13 fiscales de la Sección Penal del Tribunal Supremo para impedir la reapertura del caso del asesinato de Miguel Ángel Blanco.
Félix Bolaños defendió esta decisión, asegurando que se basó en “criterios técnicos y de derecho”. Sin embargo, la posición de la Fiscalía ha generado indignación entre las víctimas del terrorismo y la oposición, que denuncian una actuación sesgada a favor del Gobierno. El senador del PP Alfonso Serrano acusó al Ejecutivo de utilizar la Fiscalía para “favorecer al Gobierno cuando lo necesita”, mientras que se desentiende de los más de 300 crímenes de ETA que aún están sin resolver.
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