El protocolo también contempla la construcción de soluciones habitacionales a precios asequibles para estudiantes y trabajadores universitarios en suelo público dotacional en los municipios con más problemas de alquiler
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Imagen: La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Europa Press
El Gobierno obligará por decreto a las nuevas universidades a incluir entre sus instalaciones algún tipo de situación habitacional para sus estudiantes. La medida está incluida en un protocolo firmado por los ministros de Vivienda, Economía y Universidades y afecta a todos los centros de nueva creación. No obstante, dado que no se abre ningún centro público desde hace 25 años ni hay previsión de hacerlo, está dirigida a las privadas, que crecen por todo el territorio.
La ministra de Universidades Diana Morant anunció que pretende implementar esta declaración de intenciones en la actualización del Real Decreto sobre creación de centros universitarios con el que su departamento quiere endurecer las características mínimas que ha de tener una universidad para considerarse como tal.
El protocolo también contempla la construcción de soluciones habitacionales a precios asequibles para estudiantes y trabajadores universitarios en suelo público dotacional en los municipios con más problemas de alquiler. “Las partes han alcanzado los acuerdos oportunos [para] posibilitar la adopción coordinada (…) de distintas medidas que contribuyan a lograr el equilibrio pretendido (…) garantizando que las nuevas universidades ofrezcan soluciones habitacionales para sus estudiantes como requisito necesario para su implantación”, dice el protocolo.
Proliferación de centros privados
Al problema generalizado del acceso a la vivienda se suma la proliferación de centros privados en prácticamente todas las comunidades autónomas, que tensiona aún más el mercado de alquiler. Andalucía ha abierto –o está en ello– cuatro nuevas universidades privadas en un puñado de años, tres de ellas con una sede en Málaga. Extremadura va camino de lo mismo, como Madrid, donde la creación de centros va a tal ritmo que es complicado llevar la cuenta. El Instituto de Empresa se expande en Segovia a marchas forzadas. Vitoria tiene nuevo campus, como Vigo, Santiago y A Coruña y la UNIR pretende pasar de virtual a presencial en Logroño.
Málaga es el perfecto ejemplo de las tensiones que sufren estudiantes y trabajadores universitarios para encontrar alojamiento. En una ciudad ya problemática para acceder a la vivienda, a la oferta de la pública UMA se han sumado en los últimos años varias escuelas de negocios y al menos tres universidades privadas: Utamed, la Universidad Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y la Universidad Europea de Andalucía. Las opciones habitacionales asequibles para los estudiantes son pocas. Las residencias de estudiantes son escasas y caras, aunque suelen incluir manutención. Las hay a partir de 450 euros por habitación, pero algunas ya cobran 900 euros, exigiendo incluso el pago de todo el curso por adelantado.
Con el desembarco de una universidad en una ciudad se genera un problema invisible, pero muy real: “La implantación de una universidad incide de manera directa en el mercado inmobiliario de alquiler, aumentando de manera notable y permanente la demanda de alojamiento en este régimen, alterando a menudo la dinámica preexistente, agotando la oferta e incrementando los precios”, se lee en el protocolo firmado por los ministerios de Vivienda y Agenda Urbana, Economía, Comercio y Empresa y Ciencia, Innovación y Universidades.
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