La plataforma deberá bloquear de inmediato las publicaciones por carecer de licencia y ocultar la naturaleza del arrendador
The post El Gobierno ordena a Airbnb retirar casi 66.000 anuncios de pisos turísticos ilegales y Madrid lo celebra first appeared on Hércules. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha ordenado a Airbnb retirar 65.935 anuncios de viviendas turísticas ilegales detectados en su plataforma. Esta contundente decisión se produce tras la investigación del Departamento dirigido por Pablo Bustinduy, que acusa a la empresa de contravenir múltiples normativas autonómicas relacionadas con la publicidad de alojamientos turísticos.
Las viviendas afectadas son inmuebles completos destinados al uso turístico, y no habitaciones sueltas. El Ministerio sostiene que estos anuncios incumplen tres exigencias básicas: no incluir número de licencia o registro obligatorio; omitir la naturaleza jurídica del arrendador (particular o empresa), lo que impide conocer el nivel de protección del consumidor; y, en algunos casos, utilizar licencias falsas o no expedidas por las autoridades competentes.
Respaldo judicial a la ofensiva de Consumo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la primera de las tres resoluciones dictadas por Consumo, instando a retirar 5.800 anuncios ilegales de forma inmediata. Esta primera actuación se centra en comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y el País Vasco.
Bustinduy ha calificado la decisión judicial como una “gran victoria” en la lucha contra el descontrol del alquiler turístico ilegal. La medida se enmarca en el centenar de acciones que el Ministerio ha impulsado para frenar lo que considera una práctica abusiva que dificulta el acceso a la vivienda y vulnera derechos de los consumidores.
Airbnb denuncia una “metodología indiscriminada”
La plataforma ha reaccionado con dureza. En un comunicado, Airbnb ha acusado al Ministerio de usar una “metodología indiscriminada” y ha anunciado que recurrirá todas las decisiones. Alega que no todos los anuncios requieren número de registro, especialmente en el caso de arrendamientos de temporada, y acusa a Consumo de extralimitarse en sus competencias, ignorando incluso sentencias previas del Tribunal Supremo.
La compañía, cuya filial en Irlanda es la responsable directa de los anuncios en cuestión, asegura que algunos de ellos sí contienen licencias válidas y que otros no deberían estar sujetos a la normativa de turismo.
Apoyo municipal y presión política
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respaldado la medida del Gobierno, calificándola de necesaria para “estrangular la comercialización de pisos turísticos ilegales”. Almeida ha señalado que la resolución judicial demuestra que esta es una competencia del Gobierno central, y que los ayuntamientos no pueden ser “el último eslabón de la cadena”.
En Madrid, se estima que el 95% de las 15.000 viviendas turísticas carecen de licencia municipal, un fenómeno que, según el Ministerio, requiere sanciones contundentes y coordinación institucional. De hecho, Bustinduy ya advirtió al consistorio madrileño de su obligación de actuar contra los propietarios infractores.
La ofensiva de Consumo no termina aquí. El Ministerio mantiene expedientes abiertos desde diciembre de 2024 contra Airbnb, a los que se sumaron nuevos procedimientos en febrero y marzo de 2025 contra otras grandes gestoras de pisos turísticos. Además, el departamento está facilitando información técnica y apoyo legal a otras administraciones para que impulsen medidas similares.
Desde Facua-Consumidores en Acción se ha celebrado la actuación del Gobierno, al considerar que estas prácticas contribuyen a extender los alquileres ilegales y afectan negativamente al mercado de vivienda.
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