El Gobierno anuncia un reglamento para mejorar la atención en los centros de menores tutelados y acabar con los “macrocentros”, días después del suceso
The post El Gobierno reacciona tarde con un reglamento tras la trágica muerte de la trabajadora social en Badajoz first appeared on Hércules. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Juventud e Infancia, ha anunciado a contrarreloj un real decreto con el objetivo de mejorar las condiciones en los centros y pisos de acogida para menores tutelados. Sin embargo, esta medida llega tras la conmoción generada por el brutal asesinato de la educadora social Belén Cortés Flor, un crimen que ha puesto de manifiesto las enormes carencias en el sistema de tutela de menores y la desprotección del personal que trabaja en estos centros.
Un real decreto con prisas
El Ejecutivo, encabezado por el ministerio dirigido por Sira Rego, afirma que este real decreto busca establecer unos estándares mínimos en cuanto a la cantidad de menores por centro, el número de trabajadores y la estructura de las instalaciones, para acabar con los macrocentros y avanzar hacia un modelo de acogida familiar. No obstante, esta iniciativa, que se está acelerando tras el asesinato de la educadora en Badajoz, no aborda el problema central: la falta de seguridad en los centros que albergan menores con medidas judiciales.
El caso de Badajoz es paradigmático de esta falta de seguridad. Los tres menores detenidos por el asesinato de la educadora no estaban en un centro de acogida, sino en un piso tutelado de reforma, donde cumplían medidas judiciales impuestas por un juez. A pesar del peligro potencial que esto supone, el centro carecía de personal de seguridad y de medidas de protección adecuadas, como cámaras de vigilancia o protocolos efectivos ante amenazas previas.
Un sistema caótico según la comunidad autónoma
Uno de los grandes problemas del sistema de tutela en España es su fragmentación. Actualmente, existen 17 modelos distintos, uno por cada comunidad autónoma, lo que genera una falta de coordinación y diferencias abismales en la gestión de los centros. El Gobierno pretende homogeneizar ciertos criterios, pero deja en manos de las comunidades la responsabilidad de dotarse de recursos para implantar estos cambios, sin prever ningún plazo ni garantizar una financiación suficiente.
Según fuentes del Ministerio, el real decreto incluirá un protocolo de inspección y un esquema de sanciones para las autonomías que no cumplan los nuevos estándares. Sin embargo, esto no soluciona los problemas inmediatos que ya existen en los centros actuales, ni responde a la falta de personal y formación específica para trabajar con menores que presentan perfiles violentos o reincidentes.
Un crimen que se pudo evitar
El asesinato de Belén Cortés Flor podría haberse evitado si se hubieran atendido las reiteradas denuncias sobre amenazas que la propia trabajadora había realizado días antes. Sin embargo, el sistema falló una vez más, dejando a los educadores sin protección y expuestos a situaciones de alto riesgo. Además, los antecedentes de los menores implicados, especialmente los de Ricardo, quien acumulaba hasta “37 delitos en un fin de semana”, demuestran que el actual sistema de tutela no está preparado para manejar a menores con perfiles altamente conflictivos.
El propio diseño de los pisos tutelados favorece la impunidad. Sin personal de seguridad y con escasos controles, los menores pueden fugarse con facilidad, como ya hicieron los implicados en este crimen durante los carnavales. Las medidas adoptadas hasta ahora han sido ineficaces, y la reacción del Gobierno llega tarde y sin abordar el verdadero problema de fondo.
Los profesionales del sector exigen una reforma real y estructural, no un parche legislativo dictado por la urgencia mediática. De lo contrario, esta trágica muerte corre el riesgo de ser solo una más en una lista de errores que podrían haberse evitado.
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