El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha criticado esta decisión, pero ha afirmado que lo importante es “respetar el proceso”
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Imagen: el presidente del BBVA, Carlos Torres I EFE
El Ministerio de Economía ha abierto una consulta pública para recabar opiniones sobre la opa de BBVA a Banco Sabadell, una iniciativa que ha generado una fuerte oleada de críticas entre entidades financieras, inversores y empresarios. La medida ha sido percibida como una forma de intervención impropia en una operación privada avalada ya por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El cuestionario, disponible en la web del Ministerio hasta el 16 de mayo, busca justificar una posible intervención del Gobierno en el proceso, a través de criterios distintos a los de competencia, como exige la ley. Sin embargo, tal como ha informado ABC, en el sector se interpreta como un intento de corregir el informe de la CNMC, que autorizó la fusión con condiciones consideradas asumibles por ambas partes.
El procedimiento despierta dudas sobre su validez y objetivos
La iniciativa gubernamental ha sorprendido por su formato: un formulario abierto al público, sin garantías de control riguroso, que permite emitir múltiples respuestas y que se basa en una herramienta tan genérica como Microsoft Forms. Las críticas se centran en el carácter inédito de la consulta y en el hecho de que una decisión de alto impacto económico quede, en parte, en manos de una participación ciudadana sin filtros técnicos ni jurídicos sólidos.
Desde distintos ámbitos del mercado financiero se cuestiona que se recurra a una especie de referéndum informal para tomar decisiones estratégicas, considerando que esta responsabilidad recae únicamente en el Ejecutivo, y no en la opinión pública sin marco regulatorio específico.
Rechazo en Madrid y en Barcelona: el malestar es generalizado
Aunque en Barcelona existe un respaldo institucional al Sabadell, fuentes cercanas al entorno del banco también manifiestan incomodidad ante este tipo de mecanismos. El procedimiento ha generado una sensación compartida de incertidumbre tanto en la capital como en el entorno financiero catalán, donde se considera que la consulta puede ser contraproducente para el mercado.
A través de seis preguntas, el cuestionario solicita que los participantes identifiquen posibles perjuicios para el interés general derivados de la fusión, e incluso propone que se formulen alternativas para minimizar esos impactos. El Gobierno defiende su legalidad y afirma que su objetivo es dar voz a sectores que no fueron tenidos en cuenta por la CNMC.
Empresariado y oposición advierten sobre la inseguridad jurídica
El malestar no se limita al sector financiero. Representantes del empresariado y dirigentes políticos también han manifestado su preocupación por lo que consideran un precedente peligroso. Para muchos actores económicos, el mecanismo elegido deslegitima el papel de los organismos reguladores y refleja una renuncia del Ejecutivo a asumir su responsabilidad directa en una decisión de alcance nacional.
La consulta pública se interpreta, en algunos sectores, como una estrategia para diluir la responsabilidad política de una posible negativa a la opa o de una intervención restrictiva, con el riesgo añadido de generar desconfianza en los mercados y dañar la imagen de España como país receptor de inversión.
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