La Abogacía del Estado defiende que la Administración autonómica canaria es la competente en materia de acogida de los menores migrantes sean o no solicitantes de protección internacional
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Imagen: Una reunión interministerial para abordar la distribución de los menores no acompañados con solicitud de asilo, en la sede de la Presidencia de Canarias. Estefanía Briganty / Europa Press
El Ejecutivo central ha recurrido la resolución del Tribunal Supremo que obliga a que más de mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo pasen al sistema nacional de acogida. Además, ha pedido la suspensión del plazo de 10 días que le dieron los magistrados para hacerse cargo de esos menores que actualmente se encuentran bajo la tutela del servicio de protección autonómico de Canarias. Según El País, en el auto, la Abogacía del Estado defiende que es la Administración de Canarias la competente en materia de acogida de menores, sean o no solicitantes de protección internacional.
Los propios jueces admiten que hay un choque de competencias entre la administración central y la estatal: en su condición de menores “en evidente situación de desamparo” es la comunidad autónoma la que debe hacerse cargo, pero “cuando a su condición de menor se añade la circunstancia de haber presentado una solicitud de asilo”, entra en acción la legislación sobre esta materia, que incumbe al Estado. Los mismos jueces admiten que la situación actual es “insostenible”, por lo que ordenaron el acceso inmediato de estos menores al sistema nacional de acogida.
Sin embargo, según la Abogacía del Estado, la conclusión del Supremo contraviene la doctrina constitucional, el principio general de la primacía del interés superior del menor y es contraria al derecho de asilo, pues la normativa establece, específicamente, que las personas menores solicitantes tienen derecho a ser tratados “de manera diferente y específica a su situación” y remite su gestión a las comunidades autónomas competentes en materia de menores, haciendo referencia al artículo 48 de la Ley Reguladora del Derecho de Asilo, de 2009.
El Gobierno recuerda que el auto no establece que los menores tengan que salir de las islas
Con todo, el Gobierno cumplirá el requerimiento del Supremo de acoger a los 1.008 menores solicitantes de asilo que están en Canarias, pero ve imposible hacerlo “de la noche a la mañana” y recuerda que el auto judicial no establece que tenga que trasladarlos fuera de las islas. Tras reunirse con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ha remarcado que el Supremo “no dice” que esos menores solicitantes de asilo “deben quedarse” en Canarias “o irse a otro lugar, lo que dice es que deben estar en el sistema nacional”.
Clavijo ha reclamado que en ese análisis “caso a caso deberá imperar el interés general del menor” y ha subrayado que “una de las circunstancias que estaba generando un quebranto” al mismo, “y lo dice el Tribunal Supremo, es el hacinamiento” que soportan en los centros de Canarias, donde hay casi 6.000 niños y adolescentes.
El problema del hacinamiento “se resuelve llevando a los menores a otros recursos donde van a poder ser mejor atendidos”, ha insistido Clavijo, quien ha revelado que en la reunión del jueves no hablaron de si los 1.008 solicitantes de asilo que hay en las islas computan en los 4.000 menores que serán redistribuidos por otras comunidades en virtud del decreto ley que reforma la ley de extranjería.
Tampoco han entrado en el debate sobre la tutela de los menores migrantes no acompañados, pues el ejecutivo central considera, en base a “fallos recientes”, que “sigue siendo de la comunidad autónoma”, y el de Canarias justo lo contrario, ha esgrimido Torres.
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