El Estado ha ofrecido a CC.OO. y UGT 58 locales alrededor de toda España con un valor estimado en 200 millones de euros
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Imagen: manifestación de sindicatos I CCOO
La Ley 4/1986, de 8 de enero, regula la cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, permitiendo que inmuebles de titularidad estatal sean cedidos en uso a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de sus funciones.
Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, hasta 2024, se han aprobado la enajenación de 72 edificios pertenecientes al Patrimonio Sindical Acumulado, aunque solo siete de estas operaciones están en marcha.
Costes y mantenimiento
El mantenimiento diario de estos inmuebles es responsabilidad de las organizaciones beneficiarias. Sin embargo, al ser propiedad del Estado, están exentos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), lo que implica un ahorro significativo para sindicatos y patronales. Según datos de 2024, el Estado asume un coste anual en concepto de IBI que asciende a 1.597.140 euros por los 68 edificios cedidos.
Debate sobre transparencia y equidad en la distribución
La asignación y gestión de estos inmuebles ha generado críticas y debates sobre la transparencia y equidad en su distribución. En 2024, el partido político VOX presentó una proposición no de ley para destinar el patrimonio sindical acumulado a vivienda social, argumentando la necesidad de atender la emergencia habitacional que afecta a muchos españoles.
Además, en 2016, el Gobierno estudió limitar la cesión de inmuebles a los sindicatos contemplada por la Ley de Cesión de Bienes del Patrimonio Sindical Acumulado, vigente desde 1986, para regular la reparación por la confiscación en 1939 de edificios, archivos y otras propiedades de los sindicatos.
Llamados a la revisión de la normativa
Diversos sectores han solicitado una actualización de la Ley 4/1986 para garantizar una distribución más justa y transparente de los inmuebles estatales cedidos a sindicatos y organizaciones empresariales. La falta de información pública detallada y la percepción de inequidad en el reparto han alimentado el debate sobre la necesidad de revisar y modernizar esta normativa.
Afiliación a los sindicatos
La afiliación sindical en España ha experimentado variaciones a lo largo de los años. Según datos recientes, aproximadamente el 12,5% de los trabajadores están afiliados a algún sindicato, lo que representa una disminución significativa desde el 44,5% registrado en 1978.
En términos absolutos, los principales sindicatos españoles cuentan con las siguientes cifras de afiliados:
Comisiones Obreras (CCOO): casi 1,09 millones de afiliados en 2022.
Unión General de Trabajadores (UGT): 983.521 afiliados según datos recientes.
Confederación General del Trabajo (CGT): cerca de 80.000 afiliados.
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