El Gobierno de Pedro Sánchez busca controlar el grupo mediático, presionando a su principal accionista, Vivendi, para vender su participación a empresarios afines al PSOE
The post El Gobierno se moviliza y trata de frenar la crisis en Prisa first appeared on Hércules. En las últimas semanas, el Grupo Prisa se ha visto envuelto en una profunda crisis organizativa que pone en riesgo su estabilidad. Este conglomerado mediático, dueño de importantes medios como El País y la cadena SER, atraviesa uno de sus momentos más críticos debido al fracaso en la creación de un nuevo canal de televisión impulsado por sectores afines al PSOE. La situación, además, se agrava por el interés del Gobierno de Pedro Sánchez en controlar la estructura del grupo para afianzar su influencia mediática con la creación de un nuevo canal de televisión llamado ‘La Séptima’, también conocido, a modo de mofa, como ‘Telepedro’.
El proyecto fallido del nuevo canal de televisión
El origen de la crisis se encuentra en el intento de Carlos Núñez, presidente ejecutivo de Prisa Media desde 2021, de lanzar un canal de televisión en abierto. Esta idea fue respaldada por José Miguel Contreras, director de Contenidos y figura clave en el ámbito televisivo, quien ya trabajaba en la creación de una sociedad que gestionara la nueva cadena.
Desde Moncloa, el proyecto era visto con buenos ojos. Contreras fue el encargado de diseñar la estrategia para solicitar la nueva licencia de televisión antes de marzo de 2025. Sin embargo, el plan no contó con el respaldo del Consejo de Administración de Prisa, especialmente de su presidente, Joseph Oughourlian, quien se mostró reticente a embarcarse en este proyecto por considerar que podría comprometer la estabilidad financiera del grupo. La deuda de Prisa, situada en 750 millones de euros a finales de 2024, era un argumento de peso para frenar la iniciativa.
Además, Núñez y Contreras habrían solicitado hasta un 10% del capital social de la nueva cadena, lo que generó tensiones internas que, finalmente, llevaron al Consejo de Administración a decidir no participar en la licitación de la nueva licencia de televisión. Esta resolución provocó la dimisión de ambos directivos, evidenciando la profundidad de las discrepancias en la cúpula de Prisa.
Tras la salida de Carlos Núñez y José Miguel Contreras, el Consejo de Administración de Prisa anunció una serie de medidas para simplificar su modelo de gestión. Entre ellas, destaca la reducción del número de consejeros de 15 a 11, buscando una mayor eficiencia en la toma de decisiones. Curiosamente, la respuesta del mercado fue positiva: las acciones de Prisa aumentaron un 4,24%, alcanzando los 0,344 euros por acción. Los inversores respaldaron la decisión de no arriesgarse en un proyecto que podría haber afectado negativamente la situación financiera del grupo.
A pesar de las pérdidas de 11,6 millones de euros registradas en 2024, Prisa ha mostrado ciertos avances en la reducción de su deuda y un crecimiento modesto del EBITDA gracias al aumento de suscripciones digitales de El País y los ingresos publicitarios en la radio.
La intervención del Gobierno en el control de Prisa
El capítulo más alarmante de esta crisis es el intento del Gobierno de Pedro Sánchez de influir directamente en la propiedad del grupo. Según revela el medio francés Le Point, el ministro Óscar López y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, se reunieron en París con Arnaud de Puyfontaine, consejero delegado de Vivendi, principal accionista de Prisa. Durante este encuentro, se presionó al gigante francés para que vendiera su participación en Prisa a empresarios afines al PSOE.
La amenaza del Gobierno fue clara: si Vivendi no cedía su participación, Telefónica retiraría su publicidad de Havas, filial de la compañía gala, lo cual representaría un boicot publicitario valorado en aproximadamente 80 millones de euros. Este movimiento se enmarca en una estrategia del Ejecutivo para desplazar a Joseph Oughourlian y colocar en su lugar a figuras más alineadas con sus intereses.
De concretarse el control gubernamental sobre Prisa, no solo se perdería la independencia editorial de medios tan influyentes como El País y la SER, sino que también se modificaría el equilibrio del poder mediático en España. Además, la operación tendría repercusiones en el mercado europeo de medios, afectando incluso la participación de Vivendi en la editora de Le Monde.
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