El Ejecutivo ha aceptado el aplazamiento de su tramitación debido al rechazo por parte de todos los partidos políticos
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y su mujer, Begoña Gómez I Europa Press
El Partido Socialista continúa sin reunir los apoyos parlamentarios necesarios para impulsar la denominada ‘ley Begoña”, tal como ha informado ABC. Ante esta situación, ha optado por aplazar una vez más su toma en consideración en el Pleno del Congreso, a pesar de que su intención inicial era aprobarla con rapidez.
La proposición de ley fue presentada de manera sorpresiva el pasado 10 de enero con el objetivo de acelerar su tramitación y eludir la participación de órganos consultivos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Consejo de Estado. El Gobierno busca así cerrar judicialmente las investigaciones que afectan a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez; a su hermano, David Sánchez; y al expresidente catalán Carles Puigdemont.
Un bloqueo parlamentario sin solución a corto plazo
En la última reunión de la Mesa del Congreso, el PSOE decidió no incluir la iniciativa en el orden del día para su debate en el Pleno. La falta de apoyos es evidente, ya que en estos momentos se enfrentaría a un rechazo rotundo por parte del PP, Vox, Junts y Podemos. En caso de que la propuesta fuera rechazada en votación, decaería definitivamente.
Si el bloqueo persiste, el debate sobre la ley podría retrasarse al menos hasta el 18 de marzo, aunque esta fecha sigue siendo incierta. Desde el PSOE insisten en que continúan las negociaciones con otros grupos parlamentarios, aunque reconocen que no hay una previsión clara sobre cuándo podría aprobarse la iniciativa.
Polémica por la tramitación exprés de la ley
El 16 de enero, la Mesa del Congreso calificó y admitió a trámite la proposición con el respaldo del PSOE y Sumar, pese a la oposición del PP. Los populares intentaron frenar su tramitación alegando dudas sobre su constitucionalidad y la falta de un informe de los letrados de la Cámara.
El PP ha denunciado que la norma pretende reformar la Constitución “por la puerta de atrás” y, el 1 de febrero, su portavoz, Miguel Tellado, solicitó formalmente a la Mesa que reconsiderara la admisión de la iniciativa y encargara un informe jurídico sobre su encaje constitucional.
En un documento de 22 páginas, el PP argumenta que la ley vulnera la Carta Magna en tres aspectos fundamentales:
Permitiría alterar unilateralmente el marco constitucional.
Se trata de una norma “precipitada y redactada a la medida” de imputados vinculados al entorno del presidente del Gobierno.
Entraría en conflicto con el derecho europeo.
La Mesa del Congreso rechaza las objeciones del PP
La Mesa rechazó la petición del PP al considerar que no tiene competencia para realizar un control previo de constitucionalidad sobre las iniciativas parlamentarias. Según el informe oficial, solo se podría actuar en caso de que la contradicción con la Constitución fuera “palmaria y evidente”, algo que no se aprecia en esta proposición de ley.
Además, el órgano rector de la Cámara desestimó la solicitud de un informe jurídico de los letrados, argumentando que no fue solicitada “en el momento procesal oportuno”, es decir, en la reunión del 16 de enero. No obstante, fuentes parlamentarias aseguran que el reglamento del Congreso no establece un plazo límite para que los letrados se pronuncien y que en otras ocasiones se han elaborado informes de oficio en casos de relevancia constitucional.
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