El Ejecutivo no consigue elaborar un plan que pueda convencer a todos los socios, a pesar de que es uno de los temas clave de la legislatura
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Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz I Levante
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) reafirmó su compromiso con la abolición de la prostitución en su 41º Congreso Federal, proponiendo una ley integral que prohibiera el proxenetismo en todas sus formas, tal como informó ABC. Sin embargo, en mayo de 2023, la proposición de ley fue rechazada en el Congreso con 184 votos en contra, 122 a favor y 36 abstenciones. Este revés evidenció la falta de consenso incluso dentro del propio Gobierno de coalición.
Divisiones internas en la izquierda
La coalición Sumar, socio minoritario del Gobierno, no logró una posición unificada respecto a la propuesta abolicionista. Mientras que formaciones como Izquierda Unida apoyan el abolicionismo, otras, como los comunes y Compromís, defienden un enfoque “pro-derechos” que aboga por la regulación del trabajo sexual y la protección legal de las personas que lo ejercen. Esta diversidad de posturas impidió un apoyo conjunto a la iniciativa del PSOE.
Podemos, por su parte, se abstuvo en la votación de la proposición de ley, argumentando que la iniciativa tenía un carácter electoralista. El partido ha manifestado su apoyo a un horizonte abolicionista, pero insiste en la necesidad de garantizar medidas de apoyo social y programas de reinserción para las mujeres que abandonen la prostitución.
El PP y la posibilidad de acuerdos
El Partido Popular (PP) presentó en 2024 una propuesta alternativa para combatir el proxenetismo, que fue rechazada por el PSOE. A pesar de las diferencias, ambos partidos han mostrado interés en encontrar puntos de consenso para abordar el problema. El PSOE espera retomar las negociaciones con el PP para impulsar una legislación que persiga el proxenetismo, aunque las posturas sobre la abolición de la prostitución siguen siendo divergentes.
Actualmente, el Ministerio de Igualdad aspira a incluir en esta ley medidas como la penalización de la tercería locativa y sanciones a los proxenetas, aunque reconoce que no hay consenso parlamentario suficiente para ello.
Un problema estructural y de género
Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2023 se identificaron 543 víctimas de trata con fines de explotación sexual, un incremento del 135% respecto al año anterior. El 95,7% de las víctimas eran mujeres migrantes, principalmente de nacionalidad colombiana. Estos datos reflejan la dimensión estructural y de género del problema, y la necesidad de políticas públicas que aborden las causas profundas de la prostitución y la trata de personas.
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