La propuesta de gravamen sobre viviendas vacías y operaciones inmobiliarias encarece costes, reduce oferta y penaliza al pequeño propietario
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La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid // Eduardo Parra – Europa Press
Más Madrid ha presentado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley para instaurar un nuevo impuesto dirigido a propietarios de viviendas vacías durante más de dos años. La medida, que busca combatir la especulación inmobiliaria, plantea un gravamen progresivo dependiendo del tiempo de desocupación de las propiedades. Sin embargo, lejos de solucionar los problemas de acceso a la vivienda, el plan podría agravar la escasez, aumentar los precios y penalizar injustamente a pequeños propietarios.
La iniciativa también contempla un impuesto adicional para entidades jurídicas que vendan o alquilen inmuebles por encima de los precios de referencia del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante los primeros cuatro años tras su adquisición. A esto se suma un recargo en el IRPF para personas físicas que realicen prácticas similares, exceptuando casos de cambios de domicilio, herencias o ventas a familiares.
Impacto sobre la oferta de vivienda
Una de las principales consecuencias negativas del impuesto de Más Madrid sería la reducción de la oferta de vivienda en el mercado. Muchos propietarios, ante el riesgo de verse gravados por mantener una propiedad desocupada o ante el temor de vender o alquilar por precios regulados, podrían optar por retirar sus viviendas del mercado. En lugar de aumentar la disponibilidad, como pretende Más Madrid, la medida podría estrechar aún más la oferta, generando el efecto contrario al deseado: un encarecimiento adicional de los precios.
El temor a sanciones fiscales desincentivaría también la inversión privada en el sector inmobiliario. Grandes y pequeños propietarios podrían considerar poco rentable adquirir inmuebles para alquilar si los márgenes de beneficio quedan sujetos a una estricta fiscalización, lo que impactaría especialmente en un mercado ya tensionado como el de Madrid.
Penalización al pequeño propietario
Aunque la propuesta se enfoca en grandes tenedores, en la práctica afectaría a numerosos pequeños propietarios, que son mayoría en el mercado de vivienda de alquiler. Muchos de ellos heredan propiedades o las mantienen vacías por razones legítimas, como reformas, litigios o dificultades para encontrar un inquilino adecuado. Sin embargo, con el nuevo impuesto, serían castigados fiscalmente sin considerar las circunstancias particulares.
Asimismo, el aumento propuesto del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 6% al 18% para grandes tenedores y empresas elevaría los costes de transacción de forma significativa. Aunque se exceptúe a quienes destinan las viviendas a alquiler protegido, el impacto inmediato sería frenar la actividad inmobiliaria en general, dificultando aún más la regeneración del parque de vivienda disponible.
Riesgo de generar un mercado aún más tensionado
Más Madrid justifica estas medidas como una forma de frenar la especulación y financiar vivienda protegida, destinando los ingresos recaudados a su construcción. Sin embargo, el problema de la vivienda en España, donde el déficit ronda los 600.000 inmuebles, es estructural y no se soluciona simplemente cargando más impuestos sobre los propietarios.
España cuenta con apenas un 2,5% de vivienda social, muy por debajo del 9,3% de media europea, y la falta de inversión pública en nuevas promociones de alquiler social es un factor mucho más determinante que la actividad especulativa de particulares o empresas. Penalizar fiscalmente a quienes poseen inmuebles vacíos o alquilan por encima de índices oficiales no soluciona la escasez de suelo disponible, ni agiliza los trámites urbanísticos, ni facilita la construcción.
En un contexto de alta demanda y oferta limitada, cualquier iniciativa que reduzca la participación privada en el mercado inmobiliario puede empeorar la situación. Además, controlar los precios de venta y alquiler mediante sanciones fiscales corre el riesgo de provocar una fuga de capital hacia otros mercados o hacia el alquiler turístico, donde la regulación es más laxa.
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