La nota destaca que podría tratarse de un «intento coercitivo» de «alzar un obstáculo a la realización de la primacía del Derecho de la Unión Europea»
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El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante la celebración del Día de la Mujer en la sede del TC. // Gustavo Valiente – Europa Press
Un informe solicitado por el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, ha determinado que existe una “indudable” posibilidad de que la Audiencia de Sevilla eleve una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en el marco del ‘caso ERE’. Sin embargo, el documento también plantea dudas sobre la finalidad de esta acción, sugiriendo que podría tratarse de un “medio impugnatorio” para esquivar las sentencias del TC.
El informe, elaborado por un letrado del TC a petición de Conde-Pumpido, analiza la reciente providencia de la Audiencia de Sevilla, que busca plantear una cuestión prejudicial al TJUE tras considerar que el TC se había “extralimitado” en su interpretación de los delitos de prevaricación y malversación. La decisión del TC había supuesto la anulación de varias condenas, incluidas las de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Desacuerdo dentro del TC
El informe también examina una iniciativa similar del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ya ha consultado al TJUE en un litigio entre Cabify y Auro, sin esperar a que el TC resolviera internamente el debate jurídico.
Conde-Pumpido trasladó a los magistrados del TC su preocupación sobre la posibilidad de que los jueces españoles eludan las sentencias del TC acudiendo al TJUE. Sin embargo, su postura no encontró suficiente respaldo ni siquiera entre el sector progresista del tribunal, por lo que se ha decidido incluir el asunto como “debate jurídico” en el próximo Pleno del TC.
El derecho de los jueces a consultar al TJUE
El informe parte de una “premisa insoslayable”: los jueces españoles tienen derecho a plantear cuestiones prejudiciales en fase de ejecución de sentencias. Cualquier intromisión en este derecho podría considerarse un obstáculo para la aplicación del Derecho de la Unión Europea.
Además, el documento destaca que no hay “base suficiente” para anular las resoluciones de los jueces en su condición de órganos del Derecho de la UE. Así, argumenta que las cuestiones prejudiciales planteadas gozan de una “presunción general de pertinencia”, salvo en casos excepcionales que no se cumplen en estos procedimientos.
“Cualquier ejercicio coercitivo de potestades por instancias distintas del juez promotor de la cuestión, responsable único de la misma, solo puede considerarse un intento de alzar un obstáculo a la realización de la primacía del Derecho de la Unión Europea“, señala la nota.
A pesar de reconocer la posibilidad de acudir al TJUE, el informe pone en duda que la Audiencia de Sevilla tenga una verdadera incertidumbre sobre el encaje de las resoluciones del TC en el Derecho de la UE. Más bien, sugiere que el objetivo podría ser impugnar una resolución con “valor de cosa juzgada”, lo que podría afectar a los derechos fundamentales previamente reconocidos por el TC.
El documento cuestiona que la Audiencia de Sevilla no haya especificado en qué medida la interpretación del TC sobre las leyes de presupuesto de Andalucía entre 2002 y 2009 contraviene la normativa comunitaria. Asimismo, destaca que el tribunal andaluz no menciona ningún acto jurídico de la UE que justifique su consulta.
El informe advierte sobre el riesgo de convertir el reenvío prejudicial en un mecanismo para impugnar resoluciones judiciales firmes, lo que podría alterar el equilibrio institucional. Según el documento, este uso “instrumental” del reenvío podría comprometer la imparcialidad de los jueces, quienes dejarían de ser “terceros en discordia” para convertirse en defensores de su propia interpretación del Derecho.
No obstante, el informe concluye que el respeto a la independencia judicial impide que el TC adopte medidas para impedir estas consultas al TJUE, a pesar de las dudas sobre su finalidad. En este contexto, la decisión final quedará en manos del Pleno del TC, que deberá evaluar el alcance de esta situación y sus implicaciones jurídicas en la próxima sesión.
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