El magistrado ha dictado una providencia en la que ordena la elaboración de un informe pericial para determinar si la embarcación embistió a los guardias civiles de manera accidental o intencionada
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Imagen: Agentes de la Guardia Civil en el juzgado de Barbate. Europa Press
El juez que investiga la muerte de los dos guardias civiles de Barbate, Ángel Rojas, ha dictado una providencia en la que ordena la elaboración de un informe pericial para determinar si la narcolancha los embistió de manera accidental o intencionada. Miguel Ángel González y David Pérez murieron el 9 de febrero de 2024 en el puerto de Barbate tras ser arrollada su zódiac por esta narcolancha.
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Comandancia de Cádiz apuntan a que la embestida fue intencionada, pero el piloto de la embarcación Karim El Baqqaly negó tras ser detenido que pretendiera matar a los agentes. Con este movimiento, el juez pretende determinar si mantiene contra el piloto y los otros imputados las acusaciones o si las rebaja a homicidio, según apuntan fuentes jurídicas a El País.
Si el juez mantiene contra los imputados la versión de que hubo intencionalidad, la condena se podría elevar hasta los 25 años por cada uno de los fallecimientos e, incluso, a prisión permanente revisable si se concluye que estaban integrados en una organización criminal, otro de los delitos de los que se los acusa. En cambio, si se concluye que fue accidental, sería homicidio y la pena se situaría entre los 10 y los 15 años de prisión o menos, si los hechos se catalogan como homicidio por imprudencia grave. En este último caso, está penado con un máximo de cuatro años.
Un informe detallado de cada archivo de vídeo
En una providencia fechada el pasado 9 de enero, a la que ha tenido acceso EFE, y que ha adelantado este jueves El País, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barbate pide un informe «detallado» de un perito «experto en materia de navegación marítima» que «tras un examen minucioso y pormenorizado de cada uno de los archivos de vídeo obrantes en la causa» determine la posibilidad o probabilidad de que la narcolancha «hubiera intentado evitar o esquivar la colisión con la patrullera de la Guardia Civil que fue arrollada».
El juez pide que el perito analice «si fuera posible», «la actuación del piloto de la embarcación de alta velocidad en los instantes previos, coetáneos y posteriores a la colisión». Se trata de más de tres gigabytes de archivos de vídeos grabados el día del suceso por ocho cámaras diferentes en el puerto de Barbate. De ellos, los investigadores de la Guardia Civil han destacado en sus informes la relevancia de dos.
El primero recoge las imágenes que registró la Go-Pro (pequeña videocámara resistente al agua) que llevaba en el casco uno de los agentes que resultó herido y que captó desde la zódiac las diferentes embestidas a las que les sometió la narcolancha antes de arrollarla. El segundo vídeo relevante fue obtenido en redes sociales por los investigadores y en él se observan los mismos ataques a la patrullera, pero desde otra perspectiva, la de un testigo que lo grabó desde el puerto.
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