Entre ellos, el letrado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de Begoña Gómez, y Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente a Vox y a Hazte Oír
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Imagen: Agencia EFE
El juez Juan Carlos Peinado, el que investiga a Begoña Gómez, ha empezado a recabar vídeos contra los abogados del caso para tratar de multarlos en relación con las breves manifestaciones que hacen ante las cámaras de televisión tras comparecencias de relevancia. Entre los abogados se encuentran el letrado Antonio Camacho, que ejerce la defensa de la esposa de Pedro Sánchez; y Marta Castro y Javier María Pérez-Roldán, que representan respectivamente al partido Vox y a Hazte Oír. Estos dos últimos están personados como acusación popular.
Según una resolución dictada el 13 de enero, el magistrado Peinado ordena a Atresmedia, RTVE y Telecinco que le envíe una “copia de las grabaciones” que “fueran emitidas y que contuvieran declaraciones” de Camacho, Castro y Pérez-Roldán, tal como informa El País. También se les insta para que le digan si “realizaron declaraciones a medios de comunicación sobre el contenido de lo acontecido en sede judicial” el pasado 18 de diciembre, cuando Begoña Gómez declaró por primera vez.
Este día, después del interrogatorio, los tres abogados comparecieron ante la prensa. Ante las cámaras de televisión, Camacho se limitó a exponer la posición de Gómez, que negó los cuatro delitos que le atribuye el magistrado. Por su parte, los letrados de la acusación popular -Vox y Hazte Oír- valoraron las declaraciones de la mujer de Sánchez. “Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido”, dijo Javier María Peréz-Roldan. “Es la tercera declaración y la realidad es que seguimos con preguntas que no se han contestado. No tenemos las respuestas”, añadió Marta Castro.
El juez avisó dos días después
Las multas contra ellos pueden alcanzar los 10.000 euros. El juez Peinado calificó estas declaraciones como “rueda de prensa” y, ante ello, el colectivo Iustitia Europa -personado como acusación popular- anunció que pediría “amparo inmediato” al Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) por este “atropello al derecho fundamental de libertad de información reconocido en la Constitución y en abundante jurisprudencia constitucional”.
Al ministerio público, por su parte, no le gusta la forma de investigar del juez. La Fiscalía ha denunciado que Peinado comete excesos y actúa “sin filtro”. Ha censurado, además, que el magistrado haya imputado a tres personas sin nuevos indicios contra ellos y después los haya hecho declarar como testigos.
La Audiencia Provincial de Madrid tampoco está de acuerdo con la forma de actuar de Peinado. En una resolución del 1 de julio de 2024, manifestaba que investigaba “todos los actos, conductas y comportamientos, que se han llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es el presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial”. Según los magistrados, que descartaron archivar la causa, Peinado sí se había excedido con esa afirmación.
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