La ministra de Defensa, Margarita Robles, vetó a una empresa israelí con la que mantiene un acuerdo valorado en 207.414.102 euros
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Imagen: la ministra de Defensa, Margarita Robles I Huffpost
El PSOE ha decidido respaldar en el Congreso la tramitación de una ley que busca imponer un embargo total de armas a Israel, una medida impulsada por Sumar, ERC, Podemos y BNG como respuesta a las denuncias de crímenes de guerra en Gaza y la presión de sus socios de coalición. Esta decisión supone un giro en la política del Gobierno y podría tener un impacto directo en los contratos millonarios que el Ministerio de Defensa mantiene con empresas israelíes.
Cifras concretas: contratos y dependencia militar
Desde el inicio de la guerra de Gaza, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos a empresas de defensa israelíes por un valor superior a 1.044 millones de euros, según datos del Centre Delàs de Estudios por la Paz. Estos contratos incluyen la adquisición de chalecos antibalas, morteros, balas, lanzacohetes SILAM y misiles Spike, así como servicios de mantenimiento y modernización de sistemas militares ya en uso.
De estos 46 contratos, al menos diez aún no se han formalizado y podrían quedar en suspenso si se aprueba el embargo. Además, hay nueve contratos adicionales pendientes de cerrar, lo que eleva la cifra de adjudicaciones y formalizaciones a más de cuarenta desde el 7 de octubre de 2023, por un valor total de 1.041 millones de euros.
Impacto en la industria y la seguridad
La dependencia tecnológica de España respecto a la industria militar israelí es significativa, especialmente en el ámbito de la seguridad y defensa. Fuentes del Ejército de Tierra consideran “imposible” romper totalmente la relación con la industria militar israelí, ya que muchas tecnologías y sistemas críticos no tienen alternativa en otros países. Esta dependencia afecta tanto a las Fuerzas Armadas como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que utilizan equipamiento y servicios de origen israelí.
Dificultades legales y comunitarias
Aunque la proposición de ley ha sido aprobada para su tramitación con el apoyo del PSOE, su aplicación efectiva enfrenta obstáculos legales y técnicos. España, como miembro de la Unión Europea, está sujeta a las leyes de comercio comunitarias, lo que podría limitar la capacidad de aplicar un embargo total de manera unilateral. Además, la norma podría sufrir modificaciones durante su tramitación parlamentaria o incluso quedar archivada, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Contexto político
El respaldo del PSOE a esta iniciativa responde tanto a la presión de sus socios parlamentarios como a la voluntad de distanciarse del PP y Vox, que han votado en contra de la medida. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha señalado que la propuesta busca establecer criterios claros para futuras relaciones comerciales en contextos de conflicto y refleja el compromiso del Gobierno y la sociedad española contra la guerra en Gaza.
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