El Gobierno anuncia una inversión récord en infraestructuras durante el 2024, pero persisten los problemas en el sistema ferroviario y el deterioro de las carreteras. Renfe acumula retrasos, reclamaciones e indemnizaciones mientras crece la presión por mejorar el transporte público
The post El Ministerio de Transportes de Óscar Puente, un pozo sin fondo plagado negligencias y desastres first appeared on Hércules. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, anunció a comienzos de año una inversión de 10.000 millones de euros llevada a cabo durante el año 2024, la mayor en 13 años, con el transporte ferroviario como principal beneficiario. Según Puente, esta cifra refleja el esfuerzo del Gobierno por revertir el déficit heredado en infraestructuras y reactivar la actividad sin descuidar la justicia social. Sin embargo, los problemas acumulados en la red de transportes continúan generando críticas y malestar ciudadano.
A pesar de los anuncios, los incidentes en el sistema ferroviario se han multiplicado en los últimos meses, mientras el estado de las carreteras españolas sigue dejando mucho que desear. Un informe elaborado por la patronal de grandes constructoras, Seopan, estima que serían necesarios 78.000 millones de euros solo para resolver la congestión actual. De esa cantidad, 24.067 millones se destinarían a renovar carreteras y otros 2.868 millones a la construcción de terceros carriles. El resto se distribuiría entre diversas áreas del transporte ferroviario: 16.408 millones para líneas convencionales, 14.394 millones para Cercanías, 9.494 millones para Alta Velocidad, 9.144 millones para el Metro y 1.875 millones para tranvías.
El deterioro del sistema viario, según diversas fuentes del sector, se remonta a los recortes presupuestarios aplicados durante la crisis económica, que afectaron tanto al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como al de Mariano Rajoy. Desde entonces, el mantenimiento ha sido insuficiente. La Red Nacional de Carreteras depende del Ministerio de Transportes, mientras que el resto está en manos de comunidades autónomas y diputaciones, muchas de las cuales se ven obligadas a subcontratar estos trabajos con empresas que, en muchos casos, no ejecutan actuaciones efectivas. La Asociación Española de la Carretera (ACE) alerta de que el 94 % de los accidentes de tráfico están relacionados con el mal estado de la vía.
Un estudio publicado por esta asociación en 2022 cifraba en 20.000 millones de euros el déficit en conservación vial, lo que impacta no solo en la seguridad, sino también en la economía: circular por carreteras en mal estado puede aumentar el consumo de combustible en más de un 10 %.
En paralelo, el sistema ferroviario arrastra incidencias constantes. El ministro Puente ha argumentado que se deben a una remodelación en marcha y que son de carácter “coyuntural”. También ha aludido a la complejidad técnica de la red, que en parte aún no está electrificada, lo que obliga a operar con material rodante muy específico, como los trenes Avril suministrados por Talgo. Estos trenes, sin embargo, han protagonizado múltiples fallos, desde el colapso en el verano de 2023 hasta fallos informáticos y robos de cobre que han afectado al servicio.
Incluso antes de la incorporación de estos trenes, Renfe ya era la operadora con mayor porcentaje de retrasos en alta velocidad. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en 2023 el 6,95 % de los trenes de Renfe sufrieron retrasos de más de 15 minutos, frente al 4,95 % de Iryo y el 4,89 % de Ouigo. Además, ese año las demoras aumentaron un 21 % respecto a 2019 y las reclamaciones casi se duplicaron. En total, Renfe recibió 353.665 quejas, un 87 % más que antes de la pandemia, y tuvo que abonar 42 millones de euros en indemnizaciones. De haberse reclamado todos los retrasos indemnizables, la cifra podría haber alcanzado los 60 o 70 millones.
La compañía también ha endurecido recientemente su política de puntualidad. Hasta julio de 2023, compensaba con el 50 % del billete por retrasos superiores a 15 minutos y con el 100 % si superaban los 30. Desde entonces, aplica los mínimos legales: 50 % de devolución a partir de 60 minutos de retraso y 100 % desde los 90 minutos.
A lo largo de su gestión, Óscar Puente ha dedicado parte de sus intervenciones públicas a justificar la situación actual por la falta de inversiones previas, además de enfrentarse a un proceso de reorganización interna con múltiples ceses en su ministerio y en organismos como Renfe, Adif y Puertos del Estado. Todo ello en un contexto marcado por el malestar creciente entre los usuarios del transporte y el escepticismo sobre si los recursos prometidos se traducirán en mejoras efectivas.
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