José Antonio Marco Sanjuán facturó a través de una sociedad instrumental tras anular la sanción desde el tribunal fiscal que presidía
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José Antonio Marco Sanjuán // marcosgarzo.com
El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, uno de los principales cargos del Ministerio de Hacienda bajo la tutela de María Jesús Montero, cobró dinero de una empresa a la que previamente había perdonado una sanción de casi 64.000 euros. Lo hizo a través de Investment Betancunia SL, una sociedad instrumental de su propiedad, lo que ha despertado serias dudas sobre un posible caso de cohecho y sobre la integridad del sistema tributario.
La empresa beneficiada, Discomtes Valladolid SL, del sector de los hidrocarburos, recibió en enero de 2012 y 2013 dos facturas por un total de 4.780 euros, justo después de que Marco Sanjuán estimara su recurso contra una sanción impuesta por la Agencia Tributaria a través de Aduanas. En los conceptos de las facturas se indicaba “Curso operaciones” y “Seminario declaración”, pero fuentes jurídicas cuestionan la legitimidad de estos servicios prestados, dada la coincidencia temporal con la anulación de la sanción.
Pagos tras favores: la sombra del cohecho sobre el alto cargo fiscal
Investment Betancunia SL carece de medios personales o materiales para ejercer actividades económicas reales. Según la investigación de El Debate, ha sido utilizada por Marco Sanjuán para facturar servicios presuntamente simulados y para eludir impuestos en la adquisición de bienes personales como inmuebles, garajes, un solar y un coche de alta gama.
En la actualidad, la sociedad está administrada formalmente por Enrique Lahuerta Tornos, amigo personal de Marco Sanjuán, quien actúa como su testaferro, según las fuentes consultadas. El vínculo directo entre la resolución fiscal favorable y el pago recibido, así como el uso de una sociedad pantalla, apuntan a una posible infracción penal grave.
Los hechos se remontan a la etapa en la que Marco Sanjuán presidía el Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León, cargo que ocupó entre 2005 y 2018. Fue entonces cuando María Jesús Montero lo ascendió al frente del TEAC nacional, uno de los primeros nombramientos clave del Gobierno de Pedro Sánchez en el Ministerio de Hacienda.
El TEAC es el órgano responsable de resolver las reclamaciones contra Hacienda, con capacidad para anular o modificar sanciones millonarias. La posición de Marco Sanjuán es, por tanto, estratégica dentro del sistema fiscal español. Cualquier sospecha sobre su imparcialidad no solo le afecta a título personal, sino que cuestiona la integridad del propio Ministerio de Hacienda.
El Ministerio de Hacienda no ha querido aclarar si conocía estos pagos. El secretario de Estado, Jesús Gascón, jefe directo y amigo del implicado, no ha ofrecido declaraciones. Tampoco lo ha hecho Montero. En cambio, el expresidente de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz-Jarabo, calificó las revelaciones como “devastadoras para la imagen pública y para la credibilidad del Ministerio”.
Preguntado por El Debate sobre si había cobrado de empresas a las que favoreció, Marco Sanjuán respondió: “Es una bestialidad de pregunta. Es como si me preguntas si he matado a alguien”. Más adelante, al insistir, simplemente dijo: “No”.
Pese a la polémica, Marco Sanjuán continúa participando en actos oficiales. Esta semana ha intervenido en el XIX Congreso Tributario celebrado en Cáceres, donde compartió mesa con el magistrado del Supremo José Antonio Montero y la presidenta del TSJ de Extremadura, María Félix Tena Aragón, entre otras autoridades judiciales.
La creciente acumulación de casos, denuncias y revelaciones apunta a un patrón preocupante. Si se confirma que Marco Sanjuán usó su posición pública para beneficiarse económicamente de las empresas a las que debía fiscalizar, no solo se enfrentaría a consecuencias penales, sino que el Gobierno de Sánchez y Montero quedaría directamente señalado por su responsabilidad en el nombramiento y mantenimiento del cargo.
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