La organización considera que su actuación ha permitido resolver el conflicto a través de la política democrática
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Imagen: protesta del PKK I DPA
El PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê o Partido de los Trabajadores del Kurdistán) es una organización político-militar kurda fundada en 1978 en Turquía por Abdullah Öcalan. Su objetivo inicial fue la creación de un estado kurdo independiente en el sureste de Turquía, una región de mayoría kurda. Con el tiempo, el PKK ha modificado sus demandas hacia una mayor autonomía y derechos culturales para los kurdos dentro de las fronteras del Estado turco.
Fundamentos iniciales: marxismo-leninismo y lucha nacional
En sus orígenes su ideología se estructuraba principalmente en torno al marxismo-leninismo, combinado con un fuerte nacionalismo kurdo. El grupo consideraba que la opresión de los kurdos en Turquía (así como en Irán, Irak y Siria) era inseparable de las estructuras capitalistas, coloniales y feudales de la región. En este contexto, el objetivo era una revolución socialista que permitiera fundar un Estado kurdo independiente, basado en la dictadura del proletariado y la lucha de clases.
Posteriormente, tras la captura de Abdullah Öcalan en 1999 por las fuerzas turcas, la ideología se transforma, debido al contacto del fundador con las obras del pensador anarquista estadounidense Murray Bookchin, especialmente sus ideas sobre ecología social, democracia directa y municipalismo libertario.
Bookchin proponía un modelo alternativo al Estado-nación y al capitalismo: una sociedad descentralizada, ecológica y democrática, donde las comunidades locales se autogestionaran mediante asambleas populares. Este enfoque influenció directamente el nuevo paradigma del PKK.
Sin embargo, a partir de los años 2000, Öcalan propone el confederalismo democrático como una alternativa no estatal que, aunque se articula dentro de las fronteras nacionales existentes, busca transformarlas desde abajo. Esta ideología se convirtió en el fundamento del llamado Movimiento de Liberación Kurdo.
Red transnacional del PKK y sus organizaciones aliadas
El Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ha evolucionado no solo en términos ideológicos, sino también en su estructura organizativa. Con el tiempo, ha dejado de ser únicamente una guerrilla concentrada en Turquía para convertirse en el núcleo de un amplio movimiento kurdo transnacional, activo en Turquía, Siria, Irak e Irán. Este entramado se conoce como el Movimiento de Liberación Kurdo y reúne a diversas organizaciones autónomas que comparten una ideología común inspirada en el pensamiento de Abdullah Öcalan y en el modelo del confederalismo democrático. Estas entidades están interconectadas por una estructura descentralizada, pero coordinada, que promueve la autogestión comunitaria, la igualdad de género y la ecología política.
Dentro de esta red destacan varias ramas clave. El PKK sigue siendo el actor central en Turquía, mientras que en Siria el liderazgo político lo asume el Partido de la Unión Democrática (PYD), fundado en 2003 como una organización hermana del PKK. El brazo armado del PYD son las Unidades de Protección Popular (YPG) y su contraparte femenina, las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ). Además, el conjunto de estas organizaciones se articula en una estructura paraguas conocida como KCK (Unión de Comunidades del Kurdistán), establecida en 2005 con el objetivo de coordinar políticamente al movimiento kurdo en los distintos países de la región.
Las YPG y YPJ surgieron como milicias de autodefensa kurda en el norte de Siria al comienzo de la guerra civil en 2011. Su protagonismo creció rápidamente gracias a su eficacia militar en la defensa de territorios kurdos frente a grupos yihadistas, especialmente durante la emblemática batalla de Kobane (2014-2015) contra el Estado Islámico. Posteriormente, las YPG se integraron en las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una coalición multiétnica que agrupó a kurdos, árabes y otras minorías, y que fue respaldada militarmente por Estados Unidos. Gracias a esta colaboración, las YPG recibieron formación, armamento y apoyo aéreo de la coalición internacional liderada por Washington.
Este respaldo internacional generó una gran controversia geopolítica, particularmente con Turquía. El gobierno turco considera a las YPG una extensión directa del PKK, al que clasifica como organización terrorista. Desde la perspectiva turca, no existe una distinción real entre el PKK, el PYD y las YPG, ya que comparten ideología, cuadros dirigentes y un objetivo político común. Como consecuencia, Ankara ha lanzado varias operaciones militares en el norte de Siria, como Escudo del Éufrates (2016), Rama de Olivo (2018) y Fuente de Paz (2019), con el propósito de expulsar a las milicias kurdas de su frontera meridional y evitar la consolidación de una entidad autónoma kurda que pueda servir de modelo o refugio para los insurgentes del PKK en suelo turco.
Esta situación ha provocado una creciente tensión entre Turquía y sus aliados occidentales, especialmente Estados Unidos, país miembro de la OTAN que ha apoyado abiertamente a las YPG en el marco de la lucha contra el terrorismo yihadista. Ankara ha acusado a Washington de doble moral por colaborar con una organización que considera terrorista, mientras que activistas kurdos en Europa han denunciado persecuciones judiciales por vínculos con el PKK, aunque en muchos casos las autoridades judiciales europeas no reconocen automáticamente dicha designación.
Estimaciones de población kurda por país en Europa
La presencia del PKK en Europa está estrechamente ligada a la diáspora kurda, que comenzó a establecerse en el continente principalmente a partir de los años 1980, coincidiendo con la represión en Turquía y las guerras en Irak. Europa no es una zona de combate para el PKK, pero sí ha sido clave para su logística, recaudación de fondos, propaganda, reclutamiento y presión política. Aunque el PKK está oficialmente prohibido como organización terrorista en varios países europeos, mantiene una red activa de apoyo entre sectores de la diáspora kurda, a través de asociaciones culturales, ONGs, medios de comunicación, manifestaciones públicas y actividades políticas.
- Alemania: entre 800.000 y 1.200.000 kurdos, es la mayor comunidad kurda en Europa. Muchos son originarios del sudeste de Turquía, y una parte significativa simpatiza o apoya políticamente al PKK, aunque también hay diversidad de opiniones dentro de la comunidad. Alemania ha sido escenario de frecuentes manifestaciones pro-kurdas y también de enfrentamientos con simpatizantes del gobierno turco. El PKK está prohibido en Alemania desde 1993, pero su influencia sigue presente a través de estructuras legales como la NAV-DEM y otras organizaciones culturales o de derechos humanos.
- Francia: entre 250.000 y 300.000 kurdos, especialmente en París, Marsella y Lyon. Aquí también hay una activa red kurda, muchas veces centrada en el activismo político y la difusión cultural. Francia ha acogido a numerosos refugiados kurdos perseguidos por razones políticas, y París ha sido escenario de crímenes y tensiones vinculadas tanto a conflictos internos del movimiento kurdo como a acciones encubiertas atribuibles a Turquía.
- Suecia: entre 100.000 y 150.000 kurdos, una de las comunidades más influyentes en términos políticos. Muchos kurdos suecos tienen representación en partidos políticos del país y han logrado visibilidad pública. Aunque Suecia también considera al PKK como grupo terrorista, su comunidad kurda es políticamente muy activa en defensa de los derechos kurdos en Turquía, Siria e Irak, lo que ha generado tensiones diplomáticas con Ankara, especialmente durante las negociaciones sobre el ingreso de Suecia a la OTAN.
- Países Bajos: alrededor de 70.000–100.000 kurdos. Al igual que en Alemania, la comunidad kurda holandesa está muy politizada, con una presencia importante de simpatizantes del PKK, así como también de organizaciones rivales. Las autoridades holandesas han llevado a cabo investigaciones y arrestos puntuales relacionados con actividades ilegales del PKK, como extorsión o recaudación de fondos forzada.
- Reino Unido: aproximadamente 50.000–70.000 kurdos, muchos de ellos llegados como refugiados políticos desde Irak, Turquía o Siria. El PKK está catalogado como organización terrorista desde 2001, pero sus simpatizantes tienen presencia a través de entidades culturales y de derechos humanos.
- Suiza: cerca de 40.000 kurdos, con fuerte presencia política y activismo en defensa de los derechos kurdos. El país ha sido utilizado como sede de conferencias internacionales y exilio político de figuras kurdas. A pesar de ser un territorio neutral, también ha registrado vigilancia y presiones por parte de Turquía.
- Bélgica: entre 25.000 y 35.000 kurdos. Aquí se encuentra una red importante de apoyo político al movimiento kurdo. En Bruselas operan diversas ONG prokurdas y medios afines, y el país ha sido criticado por Turquía por considerar que acoge estructuras vinculadas al PKK. En 2016, un tribunal belga dictaminó que el conflicto entre el PKK y Turquía no era terrorismo, sino una guerra no internacional, lo que enfureció a Ankara.
- Austria, Dinamarca, Noruega: cada uno de estos países alberga entre 10.000 y 30.000 kurdos, en su mayoría llegados como refugiados. Su nivel de organización política varía, pero en general hay una fuerte identificación con la causa kurda, aunque no necesariamente con el PKK.
Aunque Turquía insiste en que el PKK, el PYD y las YPG forman una estructura unitaria bajo un mando único, los líderes kurdos defienden una visión diferente. Según ellos, se trata de organizaciones separadas, adaptadas a los contextos nacionales específicos, aunque inspiradas en una misma filosofía política. Así, el PYD no depende orgánicamente del PKK, y las YPG no han participado en acciones armadas en suelo turco, diferenciándose en la práctica del historial de lucha armada del PKK. No obstante, la confluencia ideológica, los vínculos personales entre militantes y la coordinación política dentro del KCK refuerzan la percepción de unidad estratégica entre estas entidades.
En conclusión, el PKK y sus organizaciones aliadas han logrado conformar un complejo entramado político-militar que trasciende fronteras y desafía tanto el modelo de Estado-nación tradicional como las categorías convencionales de terrorismo o insurgencia. El papel de las YPG en Siria ejemplifica cómo un grupo vinculado a una guerrilla puede transformarse en actor clave en una coalición internacional, a la vez que se convierte en blanco de acusaciones geopolíticas cruzadas. Esta dualidad refleja la profunda ambigüedad que caracteriza al conflicto kurdo en el siglo XXI.
Impacto del conflicto entre el PKK y Turquía
El conflicto armado entre el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y el Estado turco, iniciado en 1984 y finalizado con la disolución del grupo en mayo de 2025, constituye uno de los episodios más prolongados y sangrientos del Medio Oriente contemporáneo. Su saldo en términos humanos ha sido devastador: más de 40.000 personas perdieron la vida a lo largo de cuatro décadas de enfrentamientos, una cifra que incluye tanto a militantes como a soldados turcos y, en gran número, a civiles kurdos y turcos. El impacto de este conflicto se extiende mucho más allá de las bajas mortales. Millones de personas fueron desplazadas internamente, miles de aldeas fueron destruidas en el sureste de Turquía, y las violaciones de derechos humanos fueron sistemáticas, especialmente durante los años noventa. La represión del Estado, las campañas de contrainsurgencia y las acciones armadas configuraron un escenario de violencia estructural que marcó generaciones enteras.
Durante la primera fase del conflicto, entre 1984 y 1999, se produjeron los combates más intensos, particularmente en las zonas rurales del sureste de Turquía, donde el PKK operaba desde bases en las montañas. Según fuentes oficiales, en este periodo murieron cerca de 27.000 combatientes de la organización, más de 5.400 soldados y al menos 4.500 civiles. Las acciones del PKK incluyeron emboscadas, atentados y asesinatos selectivos, mientras que el Estado turco respondió con operativos militares a gran escala, destrucción de pueblos y desplazamientos forzados. Se estima que entre 1,5 y 2 millones de kurdos fueron obligados a abandonar sus hogares durante esta etapa. Organismos como Human Rights Watch y la Fundación de Derechos Humanos de Turquía documentaron numerosos casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas estatales en este contexto.
A partir de 1999, tras la captura de Abdullah Öcalan, líder del PKK, y su llamado a un alto el fuego, el conflicto disminuyó en intensidad. Durante los años 2000, el PKK reorientó parte de su actividad hacia la política civil y el movimiento kurdo impulsó una agenda de reconocimiento cultural y autonomía. Esta etapa permitió ciertas aperturas en la política del Estado turco, como la legalización de medios de comunicación en lengua kurda y reformas simbólicas. Sin embargo, el proceso de paz iniciado en 2013 colapsó en 2015, lo que marcó el inicio de una nueva fase violenta.
Entre 2015 y 2023, la guerra se trasladó a zonas urbanas, donde las juventudes del PKK levantaron barricadas y declararon “zonas autónomas” en ciudades como Cizre y Nusaybin. La respuesta del Estado fue una ofensiva militar devastadora que incluyó artillería pesada y toques de queda prolongados. Solo en esta fase más reciente murieron aproximadamente 6.000 personas, de las cuales al menos 593 fueron civiles. Las imágenes de barrios arrasados, cadáveres en las calles y población civil atrapada en sótanos sin agua ni electricidad circularon por medios independientes y provocaron fuertes críticas de la comunidad internacional.
El coste humano del conflicto no puede entenderse solo en términos de víctimas fatales. Durante más de cuarenta años, el pueblo kurdo en Turquía vivió bajo sospecha, criminalización y represión sistemática. Las identidades culturales fueron reprimidas, los partidos políticos prokurdos ilegalizados, y las demandas de autonomía consideradas amenazas a la unidad nacional. Al mismo tiempo, el PKK fue acusado de autoritarismo interno, ataques contra civiles y eliminación de disidencias dentro del movimiento. La población civil, atrapada entre ambos frentes, fue quien soportó el mayor sufrimiento. El desplazamiento forzado afectó las estructuras sociales tradicionales kurdas, fracturó comunidades y obligó a generaciones de kurdos a rehacer sus vidas en condiciones de marginalidad en ciudades turcas del oeste.
La disolución del PKK en 2025, tras más de cuarenta años de lucha armada, representa un punto de inflexión histórico. Este paso, interpretado por algunos como una derrota estratégica y por otros como una transición hacia nuevas formas de resistencia política, abre la posibilidad de reconfigurar las relaciones entre el Estado turco y la población kurda. No obstante, las heridas del conflicto están lejos de cerrarse. La justicia transicional, el reconocimiento de los crímenes cometidos por ambas partes y la reparación a las víctimas siguen siendo tareas pendientes. Sin estos elementos, difícilmente podrá hablarse de una paz duradera. El futuro dependerá de la voluntad política de reconocer la pluralidad nacional y cultural dentro de Turquía, así como de abandonar la lógica securitaria que durante décadas impidió una solución política al conflicto kurdo.
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