Los independentistas, con el beneplácito del Gobierno central, podrían aplicar deducciones propias a la banca y las energéticas
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Imagen: EP
El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha planteado un pulso con importantes repercusiones en torno al control del gravamen extraordinario a la banca y las empresas energéticas. Según fuentes empresariales involucradas en las negociaciones, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cede a la demanda del PNV de transferir la gestión de este impuesto al País Vasco, el Ejecutivo vasco podría aplicar deducciones específicas para empresas con sede en su territorio. Esto abriría la puerta a una presión fiscal diferenciada para las compañías del Ibex, generando un posible dumping fiscal que preocupa a las empresas fuera de Euskadi. Empresas como Iberdrola y BBVA serían de las principales beneficiadas.
Ortuzar marca condiciones para el apoyo del PNV
El líder del PNV, Andoni Ortuzar, ha sido tajante en sus declaraciones. En una entrevista Ortuzar dejó claro que el apoyo de su partido a la prórroga del gravamen está condicionado a que el tributo sea convertido en impuesto y, de ser así, debe ser concertado con el País Vasco. “Si se hace impuesto, se tiene que concertar con el País Vasco, que luego tendría capacidad para organizarlo de acuerdo con nuestra realidad fiscal y nuestra realidad industrial”, afirmó.
Estas declaraciones han complicado aún más el diseño del impuesto que está preparando el Ministerio de Hacienda, ya que, de concretarse, podría afectar operaciones empresariales en marcha. La oferta pública de adquisición (opa) que BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell podría verse afectada si se conceden ventajas fiscales al opante, desestabilizando el equilibrio en una operación que ya de por sí enfrenta resistencia.
Impacto en las sedes empresariales y riesgos de fuga de inversiones
La situación es más delicada si se tiene en cuenta que, mientras algunas grandes corporaciones del Ibex mantienen su sede en el País Vasco, muchas compañías energéticas y financieras que históricamente han estado ligadas a Cataluña, como CaixaBank o Naturgy, trasladaron su sede fuera de la región tras la crisis independentista de 2017. Este tipo de movimientos podrían continuar si no se mantiene un equilibrio fiscal, lo que genera preocupación en empresas repartidas en varias comunidades autónomas.
La alianza entre el PNV y Repsol: un desafío para el Gobierno
El PNV no está solo en esta ofensiva fiscal. Repsol, a través de su filial Petronor en el País Vasco, también ha alzado la voz. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, advirtió en un artículo en La Vanguardia que el “populismo fiscal” amenaza la estabilidad económica del país, con miles de millones de euros que podrían desviarse a otros países. Además, Repsol ha deslizado su intención de paralizar inversiones por valor de 1.100 millones de euros en Tarragona si el impuesto sigue adelante.
Esta amenaza coloca al Gobierno de Sánchez en una situación difícil, ya que debe equilibrar las presiones de su socio Sumar, que aboga por mantener el impuesto, con la necesidad de asegurar inversiones en Cataluña, donde el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, intenta evitar que se pierdan proyectos clave. Junts, por su parte, ya ha dejado claro que no apoyará el gravamen si esto implica la paralización de inversiones estratégicas.
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