A través de una iniciativa en el Congreso, el PP advierte que la descentralización de estos cuerpos administrativos puede traducirse en politización y desigualdad territorial
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El Partido Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reclamar al Gobierno que mantenga la gestión centralizada del cuerpo de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. La iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, pide revertir la transferencia ya formalizada al País Vasco y evitar que se produzca una cesión similar a la Generalitat de Cataluña.
El grupo parlamentario del PP considera que delegar esta competencia a las comunidades autónomas rompe el principio de igualdad entre territorios y vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional. En el texto presentado, los diputados populares califican esta cesión como una decisión inconstitucional y afirman que responde a “un intento improcedente” del Gobierno por debilitar la estructura administrativa del Estado.
Riesgo de politización en el acceso a los puestos
Uno de los argumentos centrales del PP es que esta medida podría favorecer la politización de los procesos de selección y provisión de cargos. A su juicio, permitir que las administraciones autonómicas establezcan criterios diferenciados abriría la puerta a favorecer a ciertos candidatos frente a otros, en detrimento de los principios de mérito y capacidad.
Según recoge Europa Press, el texto remarca que las experiencias previas de descentralización de estos funcionarios han generado ineficiencias y falta de coordinación entre administraciones. Por ello, el PP defiende que mantener esta competencia en manos del Estado es esencial para asegurar la profesionalidad e independencia de los secretarios, interventores y tesoreros municipales.
La iniciativa no vinculante también menciona el reciente acuerdo entre el Ejecutivo central y la Generalitat, que contempla la asunción por parte de Cataluña de las mismas funciones ya transferidas al País Vasco. El PP alerta de que este tipo de pactos puede suponer una ruptura con el modelo de cohesión administrativa, al permitir diferentes criterios de gestión según la comunidad autónoma.
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