El PP acusa al Gobierno de actuar por motivos ideológicos y presentará una denuncia por el coste de rescindir un contrato ya adjudicado
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El Partido Popular ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas como respuesta a la cancelación del contrato para la compra de munición a una empresa israelí, al considerar que se trata de una decisión “caprichosa” y motivada exclusivamente por razones políticas. La formación critica que se haya anulado una adjudicación ya formalizada y publicada incluso en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Fuentes del PP han expresado su desacuerdo con la decisión del Gobierno de rescindir de manera unilateral el acuerdo firmado por el Ministerio del Interior con la compañía israelí IMI Systems, tras las presiones del socio menor de la coalición. Para los populares, esta actuación constituye un nuevo ejemplo del “abuso de poder” que, según ellos, ejerce Pedro Sánchez.
“Los contratos que se firman deben cumplirse, porque es lo que garantiza el interés general. No se puede permitir que los intereses personales del presidente primen sobre los compromisos firmados, y mucho menos cuando se trata de dinero público”, han señalado estas fuentes.
Critica al cambio de postura
También han cuestionado el cambio de postura del Ejecutivo en apenas un día, pasando de afirmar que era inviable cancelar el contrato ya suscrito, a ordenar su rescisión sin importar las consecuencias económicas. En este sentido, el PP advierte que, aunque se anule la compra, el Estado deberá abonar igualmente el importe a la empresa proveedora, lo que supondría un gasto sin contraprestación.
Desde la sede del partido en Génova sostienen que esta decisión podría constituir una “responsabilidad contable” por el posible perjuicio al erario público, infringiendo las normas presupuestarias que requieren que todo pago tenga una justificación en bienes o servicios recibidos.
Por último, el PP ha exigido al Gobierno que aclare quién asumirá el coste de lo que califican como una decisión tomada por “capricho personal”, y advierten que impulsarán el seguimiento de cada paso en esta resolución que consideran arbitraria, además de exigir responsabilidades en todas las instancias pertinentes.
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