Los populares han impulsado la reforma de una ley para impedir que aquellas personas relacionadas con el terrorismo puedan presentarse a las elecciones
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Imagen: el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo I El Triangle
En las elecciones municipales de mayo de 2023, EH Bildu generó controversia al incluir en sus listas a 44 personas condenadas por delitos relacionados con ETA, siete de ellas por delitos de sangre. Ante la presión social y política, estos siete candidatos renunciaron a asumir sus cargos, reconociendo que su presencia resultaba “hiriente” y no contribuía a la construcción de la paz.
La propuesta del PP: reforma de la Ley Electoral
En respuesta a esta situación, el Partido Popular ha presentado una proposición de ley en el Senado para modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La reforma busca impedir que personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan expresado públicamente su arrepentimiento y rechazo a la violencia puedan ser incluidas en listas electorales.
La iniciativa también establece que los candidatos deben haber satisfecho las responsabilidades civiles derivadas de sus condenas y cumplido íntegramente las penas accesorias impuestas.
Reacciones y debate político
La propuesta ha generado un intenso debate en el Congreso. En octubre de 2024, una iniciativa similar fue rechazada por la mayoría de los grupos parlamentarios, que argumentaron que la medida podría vulnerar derechos fundamentales y que la legislación vigente ya contempla mecanismos para evitar la inclusión de personas no aptas en las listas electorales.
Por su parte, EH Bildu ha defendido la legalidad de sus candidaturas y ha reiterado su compromiso con la paz y la convivencia, aunque ha reconocido que la inclusión de ciertos candidatos fue un error que no contribuyó al proceso de reconciliación.
El papel del Gobierno y las asociaciones de víctimas
El Gobierno de Pedro Sánchez ha sido criticado por su falta de transparencia respecto a si los candidatos de EH Bildu condenados por delitos de terrorismo han mostrado arrepentimiento. El Ministerio del Interior ha evitado proporcionar información detallada al Congreso sobre este asunto.
En este contexto, asociaciones de víctimas del terrorismo, como la AVT, han expresado su preocupación por la posibilidad de que personas no arrepentidas ocupen cargos públicos y han instado a los partidos políticos a tomar medidas para evitarlo.
Perspectivas futuras
La proposición de ley del PP tiene posibilidades de ser aprobada en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta. Sin embargo, su tramitación en el Congreso se prevé complicada debido a la oposición de varios grupos parlamentarios. El debate sobre la inclusión de exetarras en listas electorales y la necesidad de reformas legales para evitarlo continúa siendo un tema de actualidad y polarización en la política española.
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