Una vez más la alianza entre Junts y el PP se lleva por delante al PSOE, que se verá forzado a concederle a los independentistas su ley antiokupas
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Núñez Feijóo durante la sesión de control al Gobierno // Fernando Sánchez – Europa Press
La vivienda es una de las principales preocupaciones de los españoles, según el último barómetro del CIS, lo que ha llevado a los partidos a impulsar iniciativas para abordar la crisis del sector. En este contexto, PP y Junts han unido fuerzas en el Senado y el Congreso para tramitar dos leyes clave sobre vivienda, logrando superar el primer trámite parlamentario a pesar de la oposición del PSOE.
La “ley del suelo” del PP ha sido aprobada en su primera fase legislativa, solo dos semanas después del fracaso de una propuesta similar impulsada por el PNV y el PSOE. La norma busca agilizar los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y fomentar la oferta de vivienda, pero también propone derogar el control de precios del alquiler y endurecer medidas contra la okupación y la “inquiokupación”. Junts ha mostrado su disposición a negociar el texto con el PP para corregir posibles “invasiones competenciales”.
En paralelo, en el Congreso se ha debatido la ley de Junts contra la okupación, que pretende agilizar el desalojo de okupas en 48 horas y eliminar mecanismos legales que retrasan su expulsión. A pesar de las críticas de la izquierda (especialmente Bildu, Esquerra y Sumar), tanto PP como PSOE han facilitado su tramitación, aunque los populares han recordado que ya tienen una propuesta similar congelada en la Cámara Baja.
El PSOE ha mantenido una postura ambigua, reconociendo la necesidad de proteger la propiedad privada pero también advirtiendo que “la derecha y la ultraderecha generan alarmismo injustificado sobre la okupación”. Sin embargo, su fragilidad parlamentaria le ha obligado a permitir la tramitación de la ley de Junts, evitando fricciones con el partido de Carles Puigdemont, cuyo apoyo es clave para el Gobierno. Los socialistas han anunciado que modificarán el contenido de la ley para no romper con sus socios de izquierda (Bildu, ERC y Sumar) y han argumentado que “los datos no justifican el alarmismo”.
La diputada de Junts, Marta Madrenas, defendió la propuesta como una “cuestión de justicia” y destacó que “la vivienda debe ser un pilar del Estado de Bienestar”. Aseguró que el actual sistema deja la carga de la okupación en manos de los propietarios y que las redes de emergencia para vivienda están “colapsadas”. Además, subrayó que Cataluña lidera el número de okupaciones en España, con más de 10.000 casos estimados en 2024.
El PP ha apoyado la iniciativa, aunque ha recordado que su propia ley antiokupación lleva bloqueada en el Congreso por el PSOE desde hace más de un año. Vox también ha respaldado la propuesta, criticando que “en ningún otro país de Europa los okupas tienen más derechos que los propietarios”.
Por otro lado, Sumar, ERC y Bildu se han opuesto firmemente a la ley, asegurando que “la okupación no es un problema real” y que la propuesta de Junts responde a una estrategia de “alarmismo”. Oskar Matute (Bildu) afirmó que “es 80% más probable que un español medio sea desahuciado a que le okupen la vivienda” y que “el problema real es la falta de vivienda asequible”.
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