El magistrado Ángel Hurtado propone juzgar al fiscal general del Estado por filtrar un correo de González Amador, lo que desata una tormenta institucional
The post El PSOE apoya al fiscal general procesado, pero la judicatura lo rechaza first appeared on Hércules. La justicia ha escrito este lunes un capítulo inédito en España: por primera vez, un fiscal general del Estado ha sido procesado penalmente. El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha dictado auto de procedimiento abreviado contra Álvaro García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos, al considerar acreditado que filtraron a la prensa un correo confidencial enviado a la Fiscalía por la defensa de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La causa se centra en el envío de un correo fechado el 2 de febrero de 2024, en el que González Amador proponía un acuerdo penal por delitos fiscales, y en la nota de prensa del 14 de marzo, en la que la Fiscalía intentó desmentir las informaciones publicadas por El Mundo atribuyendo la iniciativa de ese pacto a la propia Fiscalía. El juez ve indicios de que García Ortiz y Rodríguez actuaron por indicación de Presidencia del Gobierno, en un intento de “ganar el relato”.
Hurtado concluye que los datos revelados contenían información sensible y reservada, por lo que podrían constituir un delito de revelación de secretos. El Código Penal castiga este delito con multas, inhabilitación y hasta tres años de prisión si se acredita daño grave a terceros. El paso dado por el magistrado abre una fase intermedia en la que las acusaciones podrán presentar sus conclusiones y pedir la apertura de juicio oral.
Las acusaciones, entre ellas Manos Limpias, Vox, el ICAM, la APIF y el propio González Amador, tienen ahora diez días para detallar sus peticiones de condena. De ser aceptadas, se celebrará juicio en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, las defensas de García Ortiz y Rodríguez pueden recurrir el auto, aunque todos los recursos anteriores han sido desestimados.
Un fiscal general sin obligación de dimitir
Pese al revuelo institucional, García Ortiz no está obligado a dimitir, ni tampoco puede ser suspendido en este momento. Su cargo está regulado por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que lo sitúa en “servicios especiales”, una categoría que le exime de las reglas de suspensión aplicables al resto de fiscales. En cambio, Pilar Rodríguez sí podría ser suspendida cautelarmente si se dicta auto de apertura de juicio oral.
La paradoja es evidente: la fiscal subordinada puede ser apartada, pero el jefe de toda la institución, no. Esta situación ha reabierto el debate legal y ético sobre los mecanismos de control y cese del fiscal general. “Es una felonía mantenerle en el cargo mientras se juzga por hechos que minan la confianza en la Fiscalía”, critica un juez del Supremo. Incluso antiguos fiscales generales, como María José Segarra, han pedido su dimisión.
El PSOE lo respalda, pero la judicatura lo rechaza
El futuro del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pende de un hilo. Mientras el PSOE insiste en blindarlo políticamente y descarta su destitución pese a la imputación por revelación de secretos, la judicatura, las asociaciones de fiscales y la oposición coinciden en que su continuidad es insostenible. La decisión final dependerá del Tribunal Supremo, pero la presión institucional y social va en aumento.
García Ortiz ha perdido el respaldo de la carrera fiscal tras el varapalo del Consejo Fiscal, que votó en contra de su informe para renovar a su número dos, Dolores Delgado. A eso se suma la investigación penal que dirige el juez del Supremo Ángel Hurtado, con el apoyo de la UCO, por la presunta filtración del expediente de la pareja del dirigente del PP Juan Carlos Campo. El magistrado ve indicios de delito y mantiene abiertas diligencias que podrían culminar en una imputación formal.
Pese a ello, el Gobierno defiende su continuidad. Desde Moncloa y el Ministerio de Justicia se transmite que no habrá relevo hasta que exista una resolución firme y que García Ortiz es víctima de una “cacería política”. Para el PSOE, ceder ahora sería admitir un error de calado político.
Pero la crisis va más allá de los tribunales. Diversos sectores de la judicatura alertan del daño que este escándalo está causando a la credibilidad de la Fiscalía General del Estado. Asociaciones como la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales exigen su cese inmediato. En paralelo, el PP y Vox han anunciado iniciativas parlamentarias para forzar su destitución.
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