Las cotizaciones no bastan para cubrir el hueco generado por las prestaciones a los parados, que asciende hasta los casi 170.000 euros de déficit
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Oficina de empleo situada en San Chinarro (Madrid) // Comunidad de Madrid
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha entrado en déficit por primera vez desde 2021 debido al incremento del gasto en prestaciones por desempleo, que supera a los ingresos por cotizaciones. En febrero, el organismo registró un déficit de 169.000 euros, después de cerrar enero también en negativo (-22.062 euros), según los informes de ejecución presupuestaria.
A pesar de un mayor nivel de empleo y una menor cifra de desempleados, el sistema de prestaciones vuelve a números rojos. En los dos primeros meses de 2025, el SEPE ha gastado 4.307.829,77 euros, agotando el 20,6% del presupuesto anual y suponiendo un incremento del 7% respecto al mismo período de 2024, cuando había 167.000 parados más. Este aumento en el gasto se debe, en parte, a que los trabajadores acceden con salarios más altos al desempleo, lo que genera prestaciones más elevadas, además de la presencia de fijos discontinuos inactivos que reciben ayudas sin figurar como desempleados.
Al mismo tiempo, los ingresos del SEPE han disminuido. La recaudación por cuota de desempleo ha sido casi 20.000 euros inferior a la de 2024, mientras que los gastos en prestaciones han aumentado en 295.634,2 euros. Existe debate sobre si algunas ayudas, como el subsidio de trabajadores eventuales del campo en Extremadura y Andalucía (SEASS) o la Renta Activa de Inserción (RAI), deberían financiarse con estas cotizaciones o a través de impuestos. Excluyendo estas partidas, el saldo seguiría siendo negativo, con un déficit de 16.027 euros en febrero.
Aunque la situación no alcanza los niveles críticos de finales de 2021, cuando el déficit superaba los tres millones de euros, el sistema enfrenta una mayor presión financiera. El aumento del gasto se debe, sobre todo, a las prestaciones contributivas y a las cuotas a la Seguridad Social que el SEPE cubre mientras los beneficiarios están sin empleo. No obstante, no se debe principalmente a la reforma del subsidio aprobada en mayo de 2024, que amplió los grupos con derecho a ayuda.
En febrero, se destinaron 2.154.148 euros a prestaciones por desempleo contributivo, lo que supone un 9,95% más que en febrero de 2024. Además, se abonaron 847.177,18 euros en cotizaciones de estos desempleados, un 10,5% más que el año anterior, aunque el número de beneficiarios ha sido menor. En contraste, el subsidio por desempleo tuvo un aumento más moderado, con un crecimiento del 4,3%, alcanzando 796.390 euros, mientras que el gasto en cotizaciones para estos beneficiarios creció un 3,9%, hasta los 357.046 euros.
El presupuesto total del SEPE para 2025 asciende a 27,7 millones de euros, de los cuales 20,9 millones están destinados a prestaciones por desempleo. El resto se distribuye entre el cese de actividad de autónomos, orientación laboral, igualdad de oportunidades, fomento del emprendimiento, modernización del sistema de empleo, cuotas a organismos internacionales, contratos estatales y gastos administrativos.
En cuanto a los ingresos, el peso de la cuota por desempleo es clave, ya que se espera que aporte 25,7 millones de los 27,2 millones presupuestados. A finales de febrero, el SEPE había recaudado un 16,06% de esa cifra. Otras fuentes de financiación, como las cuotas de formación profesional (1,4 millones) y la protección por cese de actividad (2.000 euros), son marginales. Destacan, sin embargo, los fondos europeos del Fondo Social Europeo (200.000 euros) y los reintegros de años anteriores.
En los últimos años, la OCDE ha señalado la “generosidad” del sistema español de prestaciones por desempleo, debido a su duración de hasta dos años y el porcentaje del último sueldo cubierto. En 2023, el Gobierno elevó la prestación inicial al 70% de la base reguladora durante los primeros seis meses, reduciéndola posteriormente al 60%, en lugar del 50% establecido en 2012.
La reforma del subsidio también incrementó las cuantías, fijando un primer tramo de 570 euros al mes, reduciéndose a 540 euros en los siguientes seis meses y 480 euros hasta agotar la ayuda asistencial. Aunque se buscó mejorar la compatibilidad con el empleo, esta medida reforzó la “generosidad” del sistema y generó tensiones con el Ministerio de Economía.
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