Poner fiscales afines dirijan a los investigadores es la mejor forma de blindar al poder político ante casos de corrupción
The post El sueño húmedo de cualquier tirano first appeared on Hércules. Lo que pretende el Gobierno con la nueva reforma del proceso penal no es modernizar la justicia. Es amordazarla. Convertir a la Fiscalía en el brazo ejecutor del poder político y poner bajo su bota a los únicos que hoy pueden investigar de forma real los escándalos de quienes gobiernan. Es el sueño húmedo del régimen: que los mismos que deben ser investigados dirijan a los que deben investigarles.
Porque no nos engañemos: la Fiscalía en España está prostituida. Hace tiempo que dejó de ser una institución independiente para convertirse en un instrumento más del poder. El mismo Pedro Sánchez lo dijo con toda la desvergüenza del mundo: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”. Pues eso. Blanco y en botella. De ahí parte todo.
Ahora quieren ir un paso más allá. No solo que la Fiscalía dirija las investigaciones, sino que unidades como la UCO o la UDEF —los cuerpos de élite que han destapado desde Gürtel hasta los chanchullos de los ERE— pasen a obedecer directamente las órdenes del fiscal general, elegido por el propio Gobierno. Es decir: convertir a los investigadores en comisarios políticos. ¿El objetivo? Asegurarse de que no haya más disgustos. Que si hay algo que afecte al poder, se archive. Y si hay algo que afecte a la oposición, se explote.
¿Exagero? No. Ya lo están intentando. Hace apenas unos días, conocimos que una militante del PSOE intentó conseguir información comprometedora sobre el jefe de la UCO, Antonio Balas, que casualmente está al frente de investigaciones que afectan directamente al Gobierno. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Esto es una cacería en toda regla. Una advertencia mafiosa: “Si te metes con nosotros, te destruimos”. Esa es la verdadera cara del poder cuando pierde el pudor.
Lo que está en juego no es un tecnicismo judicial. Es el último cortafuegos que queda entre la corrupción y la impunidad total. Si esta reforma sale adelante, cualquier posible caso de corrupción que toque al poder será gestionado por fiscales elegidos a dedo. No por jueces independientes. No por magistrados con carrera y garantías. Por comisarios políticos con toga.
Y no nos hagamos los ingenuos: en España nunca ha habido una verdadera separación de poderes. Lo poco que había era un equilibrio inestable, precario, pero al menos disimulaba. Ahora ni eso. Si esta reforma se aprueba, el poder político ya no necesitará esconder su control de la justicia. Lo ejercerá a plena luz del día, sin rubor, sin freno, sin límites. La impunidad será ley.
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