El alto tribunal insiste en que la malversación del procés es una cuestión de legalidad ordinaria y no constitucional
The post El Supremo cierra la puerta a la amnistía de Puigdemont por malversación first appeared on Hércules. El Tribunal Supremo ha sido tajante: la ponencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley de Amnistía no altera en nada la situación judicial de Carles Puigdemont. El expresidente catalán continúa procesado por un delito de malversación de caudales públicos, y la orden de busca y captura nacional sigue en vigor. El instructor del Supremo, Pablo Llarena, mantiene su criterio: los hechos atribuidos al líder de Junts no son amnistiables según la ley impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Puigdemont sigue procesado por malversación pese al aval del Constitucional a la amnistía
La ponencia del TC, elaborada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, no analiza la constitucionalidad de amnistiar la malversación, ya que el Partido Popular —autor del recurso de inconstitucionalidad— no impugnó ese aspecto en su escrito. De ahí que el proyecto de sentencia no se pronuncie sobre esta figura penal, clave en la causa contra Puigdemont por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Para el Supremo, el debate sobre si la amnistía cubre o no este delito no es una cuestión constitucional, sino de legalidad ordinaria. Por tanto, corresponde al propio alto tribunal decidir si el desvío de fondos públicos encaja o no en los supuestos que la ley permite amnistiar.
Llarena y Marchena cierran filas
Ya en julio de 2024, el juez Llarena dictó un auto en el que rechazaba aplicar la amnistía a Puigdemont. Argumentó que el legislador excluyó de forma expresa los delitos de malversación cometidos con ánimo de enriquecimiento o que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. En ese sentido, la Sala de Apelaciones del Supremo ha ratificado sin fisuras esa interpretación.
Puigdemont, aún en rebeldía, no ha podido recurrir en amparo ante el TC por presunta vulneración de derechos fundamentales, ya que su defensa se encuentra todavía en la fase de incidente de nulidad en el propio Supremo.
Más allá de los tribunales españoles, el futuro judicial de Puigdemont pasa también por Europa. El Tribunal de Cuentas elevó en julio de 2024 una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El objetivo: saber si una amnistía como la española, que podría borrar delitos que afectan a fondos públicos —tanto nacionales como europeos—, choca con el Derecho comunitario, que establece como principio fundamental la lucha contra el fraude y la corrupción.
La respuesta del TJUE será vinculante no solo para los tribunales ordinarios, sino también para el propio Constitucional, que no podrá amnistiar actos que contradigan la normativa europea.
La espera de Puigdemont en Waterloo
Mientras tanto, Puigdemont sigue en Bélgica, donde permanece desde que huyó tras la proclamación unilateral de independencia en 2017. Su intento de regreso en agosto de 2024, con motivo de la investidura de Salvador Illa en Cataluña, no se concretó en una residencia estable, ya que la orden de detención nacional sigue vigente.
En el Constitucional se han comenzado a tramitar las demandas de amparo de otros líderes del procés ya condenados por el Supremo, pero sin especial celeridad. La corte que preside Cándido Conde-Pumpido se ha propuesto dictar el primer fallo sobre la amnistía en el plazo de un año.
«Para ver si una ley se ha aplicado bien o mal, lo primero que tenemos que hacer es pronunciarnos sobre si esa norma es constitucional o no», apuntan desde el TC. Pero, aunque ese fallo sea favorable a la norma, nada cambiará para Puigdemont mientras el Supremo mantenga su interpretación actual de la ley y Europa no avale su perdón.
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