Por su parte, la Fiscalía ha avalado el fondo de la denuncia, al considerar que las declaraciones de Belarra fueron “claramente ofensivas” y “no necesarias para el debate público”
The post El Supremo estudiará la demanda contra Belarra por llamar “corrupto” al juez García Castellón first appeared on Hércules. El Tribunal Supremo celebra este jueves una audiencia preliminar clave en la demanda presentada por el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a raíz de las duras críticas que vertió sobre él en redes sociales. La dirigente morada le acusó públicamente de ser “corrupto” y de actuar de forma prevaricadora, algo que el magistrado considera un ataque directo a su honor.
La sesión, según han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, se desarrollará sin la necesidad de que acudan personalmente ni el denunciante ni la denunciada, ya que bastará con la presencia de sus abogados. En este encuentro, de carácter público, ambas partes podrán exponer cuestiones procesales, y no se descarta que el tribunal deje el asunto visto para sentencia sin necesidad de juicio.
La polémica se remonta al pasado otoño, cuando García Castellón presentó una primera demanda tras los comentarios de Belarra. Sin embargo, decidió ampliarla poco después al considerar que la dirigente de Podemos insistió en sus acusaciones incluso después de haber anunciado acciones legales. Por ello, ha elevado su reclamación económica a 240.000 euros, argumentando el impacto mediático y el daño moral causado.
Según su escrito, las expresiones utilizadas por Belarra “no responden al interés general ni están amparadas por la libertad de expresión”, sino que constituyen una ofensa grave. El magistrado sostiene que tachar a un juez de cometer delitos sin pruebas es una imputación falsa y dañina, y recuerda que la jurisprudencia del Constitucional ya ha establecido límites a la libertad de expresión cuando colisiona con otros derechos fundamentales.
Desde Podemos, en cambio, se insiste en que lo razonable sería que el Supremo desestimara la demanda. El número tres del partido, Pablo Fernández, defendió que los comentarios de Belarra deben entenderse como parte del ejercicio político legítimo que le corresponde como diputada. En su opinión, el juez ha actuado durante años con un “sesgo evidente contra Podemos” y con una supuesta intencionalidad política.
Por su parte, la Fiscalía ha avalado el fondo de la denuncia, al considerar que las declaraciones de Belarra fueron “claramente ofensivas” y “no necesarias para el debate público”. Para el Ministerio Público, acusar a un juez de corrupción y prevaricación “equivale a imputarle delitos muy graves”, lo cual atenta contra su reputación profesional y constituye una lesión a su derecho al honor.
Eso sí, aunque da la razón al juez en cuanto a la intromisión ilegítima, la Fiscalía cree que la indemnización solicitada es excesiva y propone reducirla a 20.000 euros, en función de los baremos habituales en este tipo de casos.
Además, desmonta uno de los argumentos principales de la defensa de Belarra: que sus declaraciones estarían protegidas por la inviolabilidad parlamentaria. Según la Fiscalía, esa cobertura no aplica cuando las declaraciones se realizan en redes sociales personales y fuera del ámbito parlamentario, y menos aún si son insultantes o difamatorias.
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