El TS ha advertido de que tomará medidas contra el Ejecutivo si no gestiona la crisis migratoria que sufre Canarias
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Imagen: una colaboradora de Cruz Roja con un menor I EFE
El Tribunal Supremo ha lanzado un contundente ultimátum al Gobierno central por el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas para la acogida de más de un millar de menores extranjeros no acompañados que permanecen en Canarias a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo. El alto tribunal advierte que, de persistir la inacción, impondrá sanciones económicas y no descarta derivar responsabilidades penales a los funcionarios implicados.
Un mandato incumplido desde marzo
En marzo, a instancias del Gobierno autonómico canario, el Supremo ordenó al Ejecutivo central hacerse cargo de estos menores, dada la situación de hacinamiento y crisis humanitaria en el archipiélago, que ha recibido un flujo migratorio récord en los últimos años. Sin embargo, dos meses después, el tribunal constata un “claro incumplimiento” de la medida cautelar: no se ha evaluado a ningún menor, ni se ha elaborado una lista precisa de los solicitantes, y no se han garantizado sus derechos básicos de protección internacional.
Plazos y medidas exigidas
El Supremo ha dado al Gobierno un plazo improrrogable de 30 días para dotar de personal y recursos materiales a las oficinas encargadas de tramitar las solicitudes de asilo, con el objetivo de que cada expediente se resuelva en un máximo de seis días desde que el menor manifieste su voluntad de solicitar protección. Además, exige que en 15 días se articule un mecanismo eficaz de colaboración con Canarias y se pongan a disposición de la comunidad los recursos necesarios para la acogida.
El tribunal también ha ordenado que se identifique a los responsables de cada ministerio implicado en la puesta en marcha de estas medidas, advirtiendo que, si no se cumplen las directrices, se aplicarán multas coercitivas que pueden oscilar entre 50.000 y 500.000 euros, así como la posibilidad de exigir responsabilidades penales.
La situación de los menores, en el centro de la polémica
Los jueces subrayan que estos menores se encuentran en una situación de “vulnerabilidad y necesidad”, y que la competencia para garantizar sus derechos recae exclusivamente en el Estado, no en la comunidad autónoma, que hasta ahora ha asumido la carga de su atención.
El Gobierno central, por su parte, ha reconocido ante el Supremo que no ha acogido a ninguno de los menores afectados, alegando falta de recursos y señalando que los centros disponibles están preparados solo para adultos. Mientras tanto, los ministerios de Interior y Migraciones se han responsabilizado mutuamente, lo que ha agravado la parálisis administrativa.
Consecuencias políticas y sociales
La advertencia del Supremo llega en un contexto de creciente presión social tras los últimos naufragios en la ruta canaria y la saturación de los recursos de acogida en las islas. La resolución judicial exige una respuesta inmediata del Ejecutivo para garantizar los derechos de los menores migrantes y evitar un conflicto institucional de mayor envergadura.
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