El 10% de la población francesa es musulmana y se prevé un crecimiento de entre el 12,7% y el 18% para el 2025
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Imagen: manifestación en Francia I AFP
El Gobierno de Emmanuel Macron ultima una nueva legislación destinada a contener lo que el Ejecutivo califica como “amenaza creciente del islamismo político” en Francia. La iniciativa apunta especialmente a redes vinculadas con los Hermanos Musulmanes, organización a la que los servicios de inteligencia franceses atribuyen una “influencia estructural” en determinados barrios, asociaciones culturales y centros religiosos. Con entre seis y siete millones de musulmanes viviendo en el país, Francia vuelve a situar el debate sobre la convivencia, la seguridad y el laicismo en el centro de su agenda nacional.
Una comunidad en crecimiento y un modelo republicano en tensión
El islam es la segunda religión más practicada en Francia, después del catolicismo. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estudios Demográficos (INED), entre el 10 % y el 12 % de la población francesa se identifica como musulmana. Esta realidad sociológica ha generado desde hace décadas un complejo debate sobre integración, multiculturalismo y los límites del modelo laico francés.
El Gobierno insiste en que la mayoría de los ciudadanos musulmanes viven en paz y respetan la ley, pero advierte de que un sector minoritario, pero activo, estaría promoviendo la separación cultural, el rechazo a los valores republicanos y, en algunos casos, la radicalización violenta. “No se trata de combatir una religión, sino un proyecto ideológico contrario a nuestra democracia”, ha afirmado el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
Una ley contra el “separatismo islamista”
El nuevo texto legal que prepara el Ejecutivo busca reforzar los mecanismos de control sobre asociaciones religiosas, financiar exclusivamente desde Francia las actividades culturales islámicas y exigir una formación laica a los imanes. También incluiría sanciones más severas contra discursos de odio y campañas de segregación de género en centros escolares y deportivos.
Este proyecto se suma a leyes anteriores, como la de 2021 contra el separatismo, y a medidas ya en vigor que han permitido cerrar mezquitas consideradas radicales y disolver asociaciones ligadas al islam político.
Preocupación por la amenaza terrorista
Aunque los atentados yihadistas han disminuido en número e intensidad en los últimos años, los servicios antiterroristas franceses siguen situando la amenaza islamista como prioritaria. Desde 2012, Francia ha sido blanco de múltiples ataques que han causado más de 260 muertes, y los organismos de seguridad aseguran que las células inspiradas en grupos como Al Qaeda o Estado Islámico siguen activas, aunque más fragmentadas.
En este contexto, el presidente Macron ha insistido en que “Francia no cederá ni ante el terrorismo ni ante quienes quieren imponer normas religiosas por encima de las leyes republicanas”. La declaración se produce tras varios informes del servicio de inteligencia (DGSI) que advierten del aumento de la influencia ideológica de los Hermanos Musulmanes en ciertas comunidades urbanas.
Una estrategia polémica y con críticas internas
La iniciativa del Gobierno ha sido recibida con críticas por parte de organizaciones de derechos civiles, que temen un retroceso en las libertades religiosas y un aumento del estigma sobre los musulmanes. La Gran Mezquita de París ha reclamado al Estado “no confundir islam con islamismo” y ha llamado a trabajar conjuntamente contra el extremismo “sin criminalizar a toda una comunidad”.
En paralelo, partidos de izquierda han cuestionado el enfoque “securitario” del Ejecutivo, mientras que sectores de la derecha reclaman medidas aún más duras, incluida la expulsión automática de predicadores extranjeros con discursos radicales.
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