Detecta pagos en efectivo, falta de colaboración y escasa transparencia en las cuentas de los partidos políticos con representación parlamentaria
The post El Tribunal de Cuentas señala a los partidos políticos por donaciones irregulares y opacidad en su financiación first appeared on Hércules. El Tribunal de Cuentas ha lanzado una seria advertencia a los partidos políticos españoles tras detectar donaciones irregulares y en efectivo en sus cuentas, según refleja la memoria correspondiente a 2024. El informe, entregado recientemente a las Cortes Generales, fiscaliza el ejercicio de 2020 y revela un panorama preocupante en cuanto a la legalidad y transparencia de la financiación partidaria.
El órgano de control ha identificado posibles infracciones sancionables en al menos cuatro formaciones políticas, incluyendo aportaciones anónimas, donaciones finalistas prohibidas y entregas en metálico, todas ellas prácticas contrarias a la Ley Orgánica 8/2007 de financiación de partidos. Además, tres partidos se negaron a colaborar adecuadamente con el Tribunal durante la fiscalización, obstaculizando el acceso a información clave.
Falta de transparencia y escasa rendición de cuentas
El informe denuncia que varias formaciones omitieron datos esenciales como donaciones superiores a 25.000 euros, subvenciones públicas recibidas e incluso informes previos del propio Tribunal. Como consecuencia, los partidos deberán reintegrar 96.231 euros en subvenciones destinadas a gastos de seguridad en 2020, además de otros importes por uso indebido de fondos públicos en elecciones autonómicas.
Pero más allá de los números, el informe advierte de un problema estructural: el compromiso con la transparencia sigue siendo mínimo. Solo el 33% de los partidos registrados incluye el término “transparencia” en sus estatutos, apenas el 17% ha aprobado un protocolo de actuación al respecto y solo el 36% ha designado un responsable encargado de garantizar la publicación de información institucional.
El panorama es aún más sombrío cuando se analiza el contenido de lo publicado por las formaciones: el 89% no detalla la normativa de transparencia aplicable, el 86% oculta las retribuciones de sus líderes, el 84% no publica su organigrama y el 73% tampoco da a conocer el perfil profesional de sus directivos.
El Tribunal exige mayor regulación y control de nuevas fórmulas de financiación
Ante este escenario, el Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a actuar con contundencia. Entre sus recomendaciones destaca la necesidad de regular las donaciones y microcréditos online, así como de prohibir la condonación encubierta de deudas con entidades financieras mediante impagos indefinidos.
Asimismo, pide que se definan con claridad los conceptos de donación y aportación, y que se obligue a identificar a todos los donantes digitales. También propone que los partidos normalicen y homogenicen la contabilidad de sus grupos institucionales e impulsen sistemas de prevención de delitos económicos dentro de sus estructuras internas.
Borja Carbajosa, letrado del Tribunal, ha subrayado que “la transparencia en la financiación política exige que la información contable de los partidos sea accesible para todos los ciudadanos”. Para ello, sugiere la creación de un registro público gratuito y de fácil acceso, similar al portal ya existente para consultar las cuentas de las entidades locales.
Llama la atención que esta advertencia se produzca en paralelo al interés del Ejecutivo por desvelar la estructura accionarial de los medios de comunicación. Para el Tribunal, si el Gobierno está tan comprometido con la transparencia, debe aplicar la misma exigencia a los partidos políticos, cuyas prácticas financieras siguen plagadas de zonas oscuras, lagunas normativas y resistencias a la rendición de cuentas.
La memoria también incluye un balance de la actividad fiscalizadora general del organismo. En 2024, se revisaron 14.859 contratos públicos por un valor total de 32.051 millones de euros, repartidos entre el sector estatal, autonómico y local. De estos, más de 20.000 millones corresponden a contratos del ámbito estatal.
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