En un informe remitido al Supremo, el Ministerio Público califica de “claramente ofensivos e innecesarios” los términos empleados por Belarra
The post El TS realizará una audiencia este jueves para determinar si Ione Belarra vulneró el derecho al honor al llamar “corrupto” al juez Castellón first appeared on Hércules. Este jueves, el Tribunal Supremo acoge una audiencia previa que podría marcar un precedente en el delicado equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho al honor. El protagonista es el exjuez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien presentó una demanda contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por llamarlo públicamente “corrupto” y “prevaricador”. Una acusación directa que, según él, ha afectado gravemente a su reputación y que considera una clara vulneración de su honor.
La audiencia, que será pública, no requiere la presencia física ni de García Castellón ni de Belarra, sino únicamente la de sus representantes legales. Podría resolverse en esta misma sesión sin necesidad de juicio oral, si el Supremo así lo considera.
En el centro del conflicto está una serie de mensajes y declaraciones de Belarra, publicados en redes sociales, en los que señalaba directamente al juez como parte de una supuesta estrategia judicial contra Podemos. Lo llamaba prevaricador, corrupto y lo acusaba de actuar con motivaciones políticas. En respuesta, el magistrado presentó una demanda que no solo exigía una rectificación, sino también una indemnización inicial de 120.000 euros. Posteriormente, tras nuevas declaraciones de Belarra, la cifra se duplicó hasta los 240.000, alegando que el daño moral se había intensificado.
García Castellón afirma que los insultos no tienen amparo legal ni político y que constituyen una agresión directa a su prestigio profesional, especialmente después de décadas de carrera judicial. En su demanda, sostiene que la jurisprudencia ya ha dejado claro que el derecho al honor puede ser lesionado incluso en contextos políticos si las expresiones sobrepasan los límites del respeto.
Desde Podemos, sin embargo, la postura es diametralmente opuesta. El partido ha defendido que Belarra, como diputada, actuó dentro de los márgenes legítimos de la crítica política. Según su equipo jurídico, los comentarios forman parte del debate público y deben ser protegidos, al tratarse de opiniones vertidas en su calidad de representante electa. El secretario de organización del partido, Pablo Fernández, ha llegado a afirmar que “existen múltiples indicios” de que García Castellón ha tenido un trato sesgado hacia Podemos, y que la libertad de expresión no puede limitarse por señalarlo.
El caso también ha sido examinado por la Fiscalía, que ha sorprendido al apoyar en parte la demanda del juez. En un informe remitido al Supremo, el Ministerio Público califica de “claramente ofensivos e innecesarios” los términos empleados por Belarra, advirtiendo que acusar a un juez de corrupción y prevaricación sin pruebas supone imputarle delitos muy graves. No obstante, considera desproporcionada la cantidad exigida como compensación económica y sugiere reducirla a 20.000 euros, una cifra más ajustada a los estándares habituales.
Otro punto clave del debate jurídico gira en torno a si los comentarios están protegidos por la inviolabilidad parlamentaria. La Fiscalía lo niega tajantemente: “Las publicaciones en redes sociales de un parlamentario no gozan de esa protección, especialmente si son injuriosas o atentan contra el honor de terceros”.
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