La Justicia obliga a reabrir el caso tras la denuncia del PP por los vínculos entre el rescate a Globalia y los negocios de Begoña Gómez
The post El TSJ de Madrid ordena investigar a Sánchez por posible conflicto de interés en el rescate de Air Europa first appeared on Hércules. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado la reapertura de una investigación por un presunto conflicto de intereses del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el rescate público de 475 millones de euros a la aerolínea Air Europa, propiedad del grupo Globalia. El detonante: las negociaciones simultáneas de Globalia con Begoña Gómez, esposa del presidente, para patrocinar proyectos vinculados a ella en el momento en que el Ejecutivo concedía la ayuda.
La resolución judicial, conocida este miércoles, llega como respuesta a un recurso del Partido Popular contra la Oficina de Conflictos de Interés (OCI), que en marzo de 2024 archivó en solo cuatro días la denuncia sin abrir una investigación formal. El PP, que había solicitado que se analizara si Sánchez debía haberse abstenido de participar en el rescate, sostiene ahora que la Justicia les da la razón.
El PP celebra la decisión del tribunal
Desde la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, se interpreta el fallo como una victoria política y jurídica. “Pedro Sánchez ha dado dinero público a quien ha dado dinero a su esposa. Esto debe ser investigado”, aseguran fuentes del partido. Según el PP, el presidente del Gobierno participó directamente en la adjudicación de los fondos a Globalia, y ese vínculo simultáneo con los patrocinios a Begoña Gómez despierta fundadas sospechas de conflicto de interés.
El PP denuncia, además, que el archivo exprés de la denuncia fue anunciado por el PSOE antes que por el propio Gobierno, y 24 horas antes de que se notificara oficialmente a los denunciantes. Para los populares, esta secuencia demuestra un intento de blindaje político y una utilización partidista de los órganos de control del Ejecutivo.
La reapertura del caso llega en un contexto delicado para el Gobierno, acorralado por sospechas de opacidad en varias actuaciones institucionales. A la presión creciente sobre la Fiscalía General del Estado, ahora se suma un frente judicial directo sobre el presidente del Gobierno, con potenciales consecuencias políticas si la investigación avanza.
El foco está en determinar si Sánchez incumplió su deber de abstención, tal y como establece la ley para los altos cargos cuando existe una relación personal directa con los beneficiarios de decisiones gubernamentales. Según fuentes jurídicas, el hecho de que la empresa beneficiada estuviera en contacto comercial con su esposa podría ser motivo suficiente para justificar una abstención formal o, en su defecto, un expediente sancionador por parte de la Oficina de Conflictos de Interés.
Globalia, Begoña Gómez y los patrocinios en la sombra
La figura de Begoña Gómez vuelve así al centro del debate político y mediático. En el momento en que el Gobierno aprobaba el multimillonario rescate a Air Europa, Globalia negociaba con Gómez patrocinios y colaboraciones para proyectos que dirigía o promovía, muchos de ellos vinculados a su cátedra en la Universidad Complutense.
Aunque el Gobierno ha negado reiteradamente cualquier irregularidad, la orden del TSJ de Madrid abre la puerta a que estas relaciones económicas sean objeto de un escrutinio oficial. La clave será dilucidar si existió una contraprestación encubierta o si, al menos, se vulneraron los principios de imparcialidad y transparencia que rigen la actuación de los altos cargos del Estado.
Con esta sentencia, la OCI se ve forzada a reanudar una investigación que trató de cerrar en tiempo récord. La resolución judicial no solo obliga a analizar en profundidad la actuación de Sánchez, sino que también pone en entredicho la independencia y diligencia de la propia oficina, dependiente del Ministerio de Hacienda.
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