España intenta lograr el reconocimiento oficial del catalán, euskera y gallego en la UE desde 2027, pero lo hace renunciando a que la Unión financie los costes y aceptando una aplicación muy limitada
The post España compra la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la UE first appeared on Hércules. El Gobierno se enfrenta este martes a un difícil reto diplomático: convencer a países reticentes como Italia, Estonia o Lituania para que no bloqueen la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea. El plan busca que estas lenguas sean reconocidas a partir de 2027. Pese a que el alcance sería parcial y sin coste alguno para el presupuesto común europeo.
Este asunto figura como “apto para adopción” en la agenda del Consejo de Asuntos Generales de la UE. Para prosperar, se requiere unanimidad: basta con que ningún Estado vote en contra, aunque puede haber abstenciones. El planteamiento de España pretende esquivar vetos. Ofrece una versión descafeinada del reconocimiento, dilatando la traducción de la mayoría de textos jurídicos y asumiendo íntegramente el coste.
El reglamento actual establece que las lenguas oficiales de la UE (24 actualmente) deben ser utilizadas en todas las instituciones y que sus gastos sean sufragados con fondos europeos. España, sin embargo, no ha proporcionado estimaciones oficiales del coste que supondría añadir tres nuevas lenguas. Bruselas calculó en diciembre de 2023 que el modelo podría costar 132 millones anuales, basándose en el precedente del gaélico.
Sin datos económicos sólidos ni evaluaciones legales o operativas, el Gobierno español ha ido sumando escepticismo entre sus socios. Italia, Francia, los países bálticos o Bulgaria han planteado objeciones, al igual que los servicios jurídicos del Consejo, que han advertido de la falta de una base legal clara y del riesgo de abrir un precedente delicado.
Avivar el separatismo dentro de Europa
Los países con minorías nacionales temen que reconocer oficialmente estas lenguas. Algo que puede provocar una cascada de demandas de otras comunidades lingüísticas: rusoparlantes en los bálticos, corsos en Francia o sardos en Italia. El temor a un efecto dominó ha elevado las precauciones en la negociación.
Hasta ahora, España ha optado por negociar bilateralmente con las capitales más críticas, evitando foros multilaterales para acelerar acuerdos. Este enfoque ha generado malestar entre delegaciones que reclaman mayor transparencia y rigor técnico en el debate.
Para calmar las inquietudes, el Gobierno español alega que el caso español es único, al contar con un reconocimiento constitucional y uso parlamentario en ambas cámaras nacionales. Además, se compromete a financiar por completo la implementación, desmarcándose del modelo común europeo.
El documento que ha circulado entre los Estados miembros incluye garantías para evitar precedentes: cualquier futura solicitud de oficialidad deberá pasar un filtro “caso por caso”, sujeto a criterios estrictos, entre ellos que la lengua tenga estatus constitucional desde hace al menos dos décadas y origen histórico en el país.
La entrada en vigor se prevé para el 1 de enero de 2027. Aunque con una cláusula de excepción inmediata: sólo se traducirán los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, que representan apenas un 3 % de los textos legislativos adoptados en un mandato. El grueso de los documentos seguiría sin traducirse a estas lenguas.
Un texto plagado de lagunas legales
No se contempla un plan técnico detallado para ampliar el uso de estas lenguas ni se ha especificado qué personal, tecnología o infraestructuras serían necesarias para gestionar 27 idiomas oficiales. España promete elaborar una propuesta en coordinación con las instituciones europeas “en los próximos meses”, antes de la aplicación del acuerdo, para “reducir progresivamente” la limitación actual.
No obstante, el texto tampoco logra disipar las dudas jurídicas. Los servicios legales del Consejo consideran que la fórmula española carece de fundamentos claros y temen que siente una jurisprudencia indeseada. Sus advertencias orales no son vinculantes, pero pesan en el ánimo de algunos gobiernos que no desean abrir una vía que más adelante se vuelva contra ellos.
Un examen muy riguroso
La estrategia española se apoya en enfatizar la “especificidad” de sus lenguas cooficiales. Subraya que ya se utilizan en el Congreso y Senado y que su reconocimiento es previo incluso a la adhesión de España a la UE. Además, recuerda que España ya tradujo los tratados europeos a estas lenguas y que gran parte de la legislación nacional se publica también en catalán, euskera y gallego.
Para reforzar esta singularidad, el Ejecutivo propone que el Consejo incluya una declaración anexa al reglamento. En ella se explicitaría que toda solicitud futura será objeto de evaluación rigurosa, y sólo prosperará si la lengua en cuestión cumple una serie de requisitos históricos, jurídicos y políticos.
En los debates previos entre embajadores, la iniciativa española ha topado repetidamente con el escepticismo de los juristas del Consejo. A pesar de que su opinión no es vinculante, varios Estados han manifestado que prefieren aplazar cualquier decisión hasta contar con un respaldo técnico más robusto.
Tampoco ha convencido del todo a los países bálticos, que ven en este intento una amenaza velada a su equilibrio interno con las comunidades rusoparlantes. España insiste en que no se trata de una apertura general, sino de un caso excepcional que no debe extrapolarse.
La ausencia de Albares
José Manuel Albares, ministro de Exteriores, no asistirá a la reunión y ha delegado en el secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro. Desde Madrid, el ministro asegura que la propuesta es “muy sólida” y fruto de meses de contactos con delegaciones escépticas. Afirma que se han recogido aportaciones y que el texto ha mejorado sustancialmente desde la versión inicial presentada en septiembre de 2023.
Una de las novedades del texto final es que desaparece la idea inicial de priorizar el catalán y postergar el reconocimiento del euskera y el gallego. Ahora, la propuesta plantea un avance progresivo pero simultáneo para las tres lenguas, con revisión prevista en 2031 para evaluar si se levanta la derogación que limita su aplicación.
En cualquier caso, el Gobierno ha reiterado su compromiso firme con esta causa, a pesar del contexto europeo adverso y las reticencias jurídicas. El objetivo de oficializar estas lenguas fue pactado con Junts en agosto de 2023, como parte del acuerdo que permitió la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso y facilitó la investidura de Pedro Sánchez.
El reconocimiento de las lenguas cooficiales forma así parte de un paquete político de gran calado interno, pero también con implicaciones comunitarias complejas. La UE, que ha construido su legitimidad sobre la base del equilibrio lingüístico y cultural, ve con recelo cualquier cambio que desestabilice ese frágil sistema. España, decidida a avanzar pese a las dudas, espera que su combinación de excepciones legales, cobertura política y financiación nacional sea suficiente para desbloquear una unanimidad que, por ahora, se perfila improbable sin más cesiones.
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