La desconfianza provocada por los escándalos del Gobierno hunde la imagen económica del país y puede costar hasta 20.000 empleos
The post España paga cara la corrupción: miles de millones perdidos y fuga de inversión extranjera first appeared on Hércules. El clima de corrupción que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y su creciente intervencionismo fiscal están expulsando a la inversión extranjera y minando el crecimiento económico de España. Expertos estiman que el impacto podría llegar a los 7.000 millones de euros y a la destrucción de entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo si no se pone freno al deterioro institucional.
Lo que en un principio parecían escándalos aislados se está consolidando, según las investigaciones en curso, como una metástasis de corrupción en los entornos más cercanos al presidente. La imputación de su esposa, el procesamiento de su hermano, la investigación judicial sobre un posible conflicto de intereses en el rescate a Air Europa, e incluso las presuntas irregularidades en las primarias del PSOE en 2014, conforman un escenario político e institucional cada vez más alarmante.
A todo ello se suma el demoledor informe de la UCO sobre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha sido duramente cuestionado por el propio Sánchez, quien ha llegado a insinuar que las fuerzas de seguridad han sido instrumentalizadas por la derecha para derrocarle. Lejos de disipar la incertidumbre, estas declaraciones han sido interpretadas como un ataque a la independencia institucional y una señal inquietante para el mundo empresarial.
La inversión extranjera huye
La reacción del capital internacional ha sido inmediata. España ha salido del Top 10 de países más atractivos para invertir, cayendo al puesto 11 del prestigioso FDI Confidence Index elaborado por Kearney. Según el estudio, el país sufre una pérdida del 13 % en su índice de confianza, retroceso que contrasta con el ascenso de economías como Italia o Emiratos Árabes Unidos.
Los inversores identifican como principales obstáculos la complejidad regulatoria, la mala protección de los derechos de propiedad y la elevada presión fiscal. Todo ello agrava un panorama ya ensombrecido por la inseguridad jurídica derivada de una corrupción que parece extenderse sin freno.
Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), fue claro en la presentación del informe: “España necesita reformas estructurales profundas. Sin estabilidad normativa ni seguridad jurídica, no hay inversión posible”.
El crecimiento que aún presenta la economía española se sostiene artificialmente mediante un gasto público desbocado y un endeudamiento sin precedentes, impulsado por el Ejecutivo socialista. El déficit estructural continúa en ascenso y la deuda del Estado ha aumentado en casi 63.000 millones en solo un año.
A esto se suma una política tributaria marcada por la demonización de las empresas y la improvisación normativa, como se evidenció en el caótico episodio de la reforma fiscal, donde Sánchez prometió un impuesto a las energéticas a Podemos, lo negó a Junts, lo incluyó en el plan enviado a Bruselas y lo acabó retirando tras una derrota parlamentaria.
Una economía al borde del colapso estructural
Los economistas alertan de que si esta situación no se revierte, el impacto podría ser devastador. Una corrupción percibida como extendida y necesaria para hacer trámites puede suponer la pérdida de hasta cinco puntos de crecimiento económico, una cifra equivalente a decenas de miles de millones de euros y cientos de miles de empleos. España estaría entrando en una espiral parecida a la de economías dominadas por sistemas clientelares y corruptelas institucionalizadas.
Por regiones, la Comunidad de Madrid logra amortiguar parte del golpe, concentrando el 64 % de la inversión extranjera directa, gracias a una política más liberal y orientada al mercado. Sin embargo, este liderazgo regional no puede compensar por sí solo la fuga de capitales que provoca el descrédito general del Gobierno central.
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