Los impuestos suponen hasta una cuarta parte del precio total y dificultan tanto la compra como el alquiler, según el Instituto de Estudios Económicos
The post España penaliza la vivienda con una presión fiscal que triplica la media europea first appeared on Hércules. Comprar o alquilar una vivienda en España implica afrontar una de las mayores cargas fiscales del mundo desarrollado. Así lo revela el informe La fiscalidad de la vivienda en España. Una propuesta de mejora, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en colaboración con el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
El diagnóstico del IEE es contundente: la presión fiscal sobre la vivienda en España triplica la media de la Unión Europea. En concreto, el tipo efectivo que soporta la vivienda en propiedad se sitúa en el 30,3%, frente al 6,5% del promedio europeo. En el caso del alquiler, el diferencial también es notable: 44% en España frente al 31% en la UE.
Un sobrecoste de hasta 7.500 euros por vivienda
Este entramado de impuestos y tasas encarece de forma considerable el coste final de cualquier operación inmobiliaria. Según el informe, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) alcanza un tipo del 11%, el tercero más alto de la OCDE. Además, la plusvalía por la venta de inmuebles puede llegar al 30%, casi el doble del 16,4% europeo.
También persiste el Impuesto sobre el Patrimonio, que penaliza la tenencia de activos inmobiliarios, y el IBI, que representa el 30% de los 52.200 millones que recaudan anualmente las administraciones por la vivienda. El resultado es un sobrecoste medio de 7.500 euros por vivienda derivado únicamente de la fiscalidad.
Una regulación que ahuyenta la inversión y reduce la oferta
El IEE no solo critica la elevada tributación, sino también un entorno regulatorio que frena la inversión. Especialmente preocupante resulta el control de precios del alquiler, como el introducido por la Ley 12/2023 y ya en vigor en comunidades como Cataluña. Según el informe, estas medidas han generado inseguridad jurídica, provocando la retirada de viviendas del mercado y dificultando aún más el acceso de los ciudadanos a una vivienda asequible.
El déficit estructural de vivienda en España se estima en 2,2 millones de unidades hasta 2040, lo que requeriría una inversión de 380.000 millones de euros. Sin embargo, las actuales condiciones fiscales y normativas disuaden a los inversores, agravando aún más la escasez de oferta.
Madrid y Cataluña: dos modelos fiscales opuestos
El informe también analiza las diferencias fiscales entre comunidades autónomas. Mientras regiones como Baleares, Cataluña o Comunidad Valenciana aplican tipos del ITP del 11% al 13%, en Madrid, Navarra o Ceuta este gravamen se mantiene en el 6%.
A pesar de los tipos más bajos, Madrid recauda casi lo mismo por habitante que comunidades con fiscalidad más alta, lo que demuestra, según el IEE, el efecto positivo de un modelo que incentiva la actividad. Esta situación se define como un fenómeno “lafferiano”: menos impuestos que generan más ingresos gracias al incremento económico.
Además, Madrid presenta una presión fiscal inmobiliaria 45 puntos por debajo de la media autonómica, mientras que Cataluña la supera en 126 puntos, reflejo de dos modelos de política fiscal diametralmente opuestos.
Una reforma necesaria para facilitar el acceso a la vivienda
El IEE propone un decálogo de reformas para mejorar la competitividad fiscal del sector inmobiliario. Entre sus propuestas destacan:
- Reducir los impuestos sobre transacciones inmobiliarias.
- Incentivar el alquiler mediante beneficios fiscales.
- Aplicar un IVA superreducido a la rehabilitación residencial.
- Eliminar el impuesto de sucesiones sobre la vivienda habitual.
- Evitar la doble imposición y ajustar la tributación a la inflación.
El objetivo es claro: facilitar el acceso a la vivienda, atraer inversión y aumentar la oferta. Para ello, el informe del IEE aboga por una fiscalidad más eficiente, equitativa y neutral, en línea con los países que han logrado democratizar el acceso a la vivienda sin penalizar la propiedad ni la actividad económica.
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