Mientras el mundo apuesta por la energía nuclear, España la castiga con impuestos y prejuicios, arriesgando su estabilidad energética y económica
The post España plantea perder la oportunidad del resurgir de las nucleares first appeared on Hércules. La energía nuclear vive un momento de revitalización a nivel global. Muchos países, incluidos importantes socios de la Unión Europea, la están reincorporando como eje estratégico para lograr un suministro energético constante, limpio e independiente. Su capacidad para generar electricidad de forma continua, sin depender de condiciones meteorológicas y sin emitir gases de efecto invernadero, la convierte en una herramienta clave frente a los retos actuales: digitalización masiva, electrificación del transporte y aumento del consumo derivado del crecimiento económico.
En este panorama, la nuclear emerge como una opción prácticamente indispensable para garantizar una energía estable y asequible a largo plazo. Naciones como Francia, Finlandia o Países Bajos ya han asumido este enfoque, promoviendo inversiones, regulaciones favorables y nuevas infraestructuras para prolongar o ampliar sus parques nucleares.
España, a contracorriente
Frente a esta tendencia internacional, España avanza en dirección contraria. Según denuncia la Fundación Civismo en su último informe, el sector nuclear español se encuentra bajo una presión fiscal sin precedentes que amenaza su sostenibilidad. Actualmente, las centrales nucleares deben hacer frente a tres cargas impositivas específicas: una tasa por residuos gestionada por Enresa, un gravamen sobre el combustible gastado sin contraprestación directa y una tasa ecológica redundante.
Este modelo fiscal no responde a criterios técnicos, sino a decisiones de carácter político. De hecho, en la última década los impuestos sobre la energía nuclear han aumentado más de un 70%, sin que se hayan producido cambios en la operativa de las centrales. Mientras tanto, otras tecnologías energéticas, especialmente las renovables, reciben ayudas millonarias: en 2024, estas subvenciones superarán los 4.000 millones de euros, una diferencia que se traslada al bolsillo de los consumidores.
Una decisión política con alto coste
La desconexión entre política energética y realidad técnica se evidenció durante el reciente apagón que afectó a buena parte del país. En ese momento crítico, la capacidad de la energía nuclear para proporcionar un suministro continuo y estable se mostró más necesaria que nunca. Ignorar esta evidencia técnica y seguir apostando por su cierre puede tener consecuencias graves.
Según una encuesta de Sigma Dos recogida por Civismo, el 67,8% de los españoles rechaza el cierre de las centrales nucleares si este conlleva un aumento del precio de la electricidad. Incluso entre los votantes de izquierdas, el apoyo cae drásticamente cuando se plantean las consecuencias económicas de esta decisión. Esto refleja un cambio en la percepción ciudadana, cada vez más pragmática ante un contexto de incertidumbre energética.
El ejemplo de Alemania, que optó por abandonar la energía nuclear, actúa como advertencia. El cierre de sus centrales llevó a un aumento del 36% en el precio de la electricidad, pérdidas fiscales anuales de más de 1.000 millones de euros, un incremento del uso de combustibles fósiles, más emisiones contaminantes y la destrucción de 30.000 empleos, muchos de ellos en zonas rurales donde la nuclear era un pilar económico.
España parece repetir ese mismo error, pese a las señales de alerta y al contexto global favorable a la energía nuclear como complemento a las renovables.
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