El texto recoge 400 medidas, algunas de ellas ya vigentes, y consigna un presupuesto de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de los cuales un tercio manejará el Estado
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Imagen: Cartel de una manifestación contra la violencia machista en Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Ramos
Este miércoles, el Congreso de los Diputados ha renovado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que nació el 28 de septiembre de 2017. Este día, se aprobaron 213 puntos con 278 votos a favor y 65 abstenciones, la de los diputados y diputadas de Unidas Podemos y algunos del Grupo Mixto, que exigían más a ese documento. Ahora, el nuevo Pacto se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, excepto Vox, que se opone de forma “frontal”, en palabras de su portavoz Rocío Aguirre Gil de Biedma.
El texto recoge 400 medidas, algunas de ellas ya vigentes, y consigna un presupuesto de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años: un tercio de la partida la manejará el Estado (100 millones anuales), algo más de la mitad las comunidades autónomas (160 millones cada ejercicio) y el resto los ayuntamientos (40 millones). Varios grupos han presentado votos particulares para añadir algunas cuestiones, pero todos han sido rechazados por el pleno.
Violencia vicaria
Aunque los hijos e hijas ya están reconocidos como víctimas directas de la violencia machista, el nuevo pacto incluye un apartado específico preventivo. El texto establece la obligación de que, antes de que los jueces tomen una decisión sobre regímenes de visitas, haya una “evaluación profesional paterno-filial” si así lo solicitan las víctimas y propone impedir que “los padres maltratadores” puedan acceder a las grabaciones realizadas con motivo de las exploraciones judiciales de los menores.
Violencia económica
Lo que los grupos piden es reconocer, regular y definir la violencia económica en el derecho de esta forma: “Acción de limitar, suprimir o controlar, de manera injustificada e intencionada, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia, de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica presente o futura para mantenerse a sí mismas, a sus hijas e hijos, o para continuar con sus hábitos anteriores”.
Violencia digital
Proponen, por ejemplo, que se apruebe la ley de protección de los menores en los entornos digitales; que se exija el “certificado negativo de delitos de naturaleza sexual a cualquier persona que vaya a acceder a profesionales, oficios o actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad”.
Mas formación
En el apartado de la formación, el informe ahonda en el ámbito judicial y estipula la “ampliación del temario” de las oposiciones a la judicatura y en la Escuela Judicial, aunque no concreta en qué sentido, o el “refuerzo” de la especialización de los Juzgados Penales, que son los que atienden un mayor número de casos. Además, establece la especialización en violencia de género “de manera evaluable” de los equipos psicosociales que asisten a los juzgados, señalados en ocasiones por expertas y víctimas por sus informes.
Ley contra la trata
Otra de las medidas es la “aprobación de la Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos” con “mecanismos adecuados para la prevención, el refuerzo de la persecución de oficio del delito” y con todas las herramientas necesarias para la recuperación de las víctimas y las “alternativas económicas, laborales y sociales” que requieran.
Lo que no ha entrado
Varios partidos como ERC y Podemos, por ejemplo, han lamentado que no se reconozcan también algunas violencias como la obstétrica y la institucional, y el BNG ha mencionado los vientres de alquiler. Los republicanos también han reclamado que se aborde la “violencia institucional” para evitar casos como el del juez de la manada o de la causa de Juana Rivas.
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