La Comisión anunció su intención de crear una ley que le permitiera responder frente a agresiones económicas de terceros países a comienzos de 2021, poco después del primer mandato de Trump
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Imagen: El dueño de Tesla y X, Elon Musk, y Donald Trump celebran la victoria electoral. EFE/ Ángel Colmenares
El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha bautizado el día de hoy como ‘Liberation Day’ (Día de la Liberación), es decir, el día en el que su Administración se “liberará” de la dependencia de productos extranjeros. El anuncio se hará público a las 22:00 hora peninsular tras el cierre de la bolsa de valores en Wall Street, y entrará en vigor el 3 de abril. Las previsiones de medios como The Wall Street Journal o The Washington Post auguran un arancel global de hasta un 20%, con consecuencias brutales para el mercado internacional.
Una de las últimas figuras del gobierno de Trump en pronunciarse sobre esta inminente ‘ola arancelaria’ ha sido la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt, quien aseguró que el martes el presidente seguía reunido con su “equipo de comercio y aranceles, perfeccionándolo para asegurar que sea un acuerdo perfecto”.
De momento, lo que se sabe es que el objetivo del plan busca igualar las tasas cobradas por otros países a productos estadounidenses. Los asesores de la Casa Blanca estiman que el plan ayudaría a recaudar más de 6 billones de dólares para el gobierno, lo que se traduciría en una tasa promedio del 20%.
En los últimos meses, Trump ha puesto la mira a Canadá, México, China y Unión Europea, que se espera que sean los principales perjudicados de los aranceles masivos.
Las medidas económicas que a UE puede activar
Si esto ocurre, los Veintisiete también cuentan con contramedidas que podrían utilizarse para atacar a la economía estadounidense. Se trata del Instrumento anti-coerción (IAC), un arsenal de medidas económicas que la UE puede activar si un país recurre al chantaje económico con fines políticos.
La norma comunitaria deja claro desde su primer artículo que se aplica “en caso de coerción económica por parte de un tercer país” y permite a la UE responder “como último recurso” a esa agresión. De hecho, el texto deja muy claro en su propia exposición de motivos que “es deseable” utilizar “todos los medios disponibles de diálogo con el tercer país”.
Por coerción económica, según el texto, se entiende cuando “un tercer país aplique o amenace con aplicar una medida que afecte al comercio o la inversión”. Para evaluar si se da esa situación, la Comisión y el Consejo de la UE tendrán que valorar la intensidad, frecuencia, gravedad, amplitud y magnitud de la medida adoptada por el tercer país; si interfiere en la soberanía de algún Estado miembro o de los Veintisiete; si el paso dado por el tercer país está basado en alguna preocupación legítima y si ha tratado de resolverse el asunto “de buena fe”.
Entre las medidas se incluyen la imposición de aranceles, restricciones al comercio de servicios y aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual, restricciones al acceso a la inversión extranjera directa y a la contratación pública. Hay otras, como por ejemplo el control de exportaciones, que no se contemplan en este reglamento porque son competencia nacional, aunque desde Bruselas se puedan hacer recomendaciones.
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