BOEM otorgó exenciones a proyectos eólicos marinos que podrían costar 191M $ a los contribuyentes si las empresas no cubren el desmantelamiento.
The post Exención a Vineyard Wind pone en jaque al erario de EE.UU first appeared on Hércules. Correos internos revelan que los contribuyentes podrían enfrentar un gasto de 191 millones de dólares si Vineyard Wind, un parque eólico marino frente a Nantucket, no cubre su desmantelamiento. El costo surge de una exención que el gobierno de Biden concedió a la empresa. Vineyard Wind no es la única: al menos otros cuatro proyectos han recibido exenciones similares.
Estas exenciones, otorgadas por la Oficina de Gestión de Energía Oceánica (BOEM), permiten a las compañías posponer la entrega de garantías financieras. Tradicionalmente, estas garantías aseguran que si una empresa no puede pagar el desmantelamiento al final de la vida útil de una instalación, el Estado no cargará con los costos.
Pero en 2021, Vineyard Wind recibió el visto bueno para retrasar esta garantía por 15 años, algo que ya había solicitado sin éxito en 2017. La administración Biden justificó la decisión citando contratos de compra de energía a largo plazo, seguros robustos y tecnología confiable.
Información eliminada y respuestas evasivas
El proyecto comenzó a suministrar energía en enero de 2023. Sin embargo, un accidente en el verano de ese año sembró dudas: una pala se rompió y escombros llegaron a las playas de Nantucket. Las reparaciones costaron 700 millones de dólares.
En enero de 2024, correos internos del BOEM muestran que sus funcionarios sabían que la exención equivalía a una exposición pública de 191 millones. Ese número fue eliminado de los comunicados de prensa oficiales antes de ser enviados a la prensa. Al final, BOEM solo dijo que la cifra dependería de variables aún por cerrar.
Roderick Law, portavoz de la Iniciativa de Gobierno Funcional, denunció esta edición de los mensajes. Según él, se trató de ocultar una cifra clave a la ciudadanía.
Amy DiSibio, opositora local al proyecto y miembro del grupo Ack4Whales, también dudó de la cifra estimada. En su opinión, desmantelar el parque podría costar incluso más que su construcción.
Exenciones en cadena y más riesgos
El parque Vineyard Wind apenas tiene cuatro turbinas en funcionamiento de un total de 62 planeadas. Su empresa matriz, Avangrid, había prometido que estaría completamente operativo a mediados de 2024.
Law criticó el proyecto como una “apuesta de 191 millones de dólares con dinero público” y acusó al BOEM de actuar con imprudencia. También señaló que Vineyard Wind no es el único beneficiado con estas exenciones. Revolution Wind, con 65 turbinas, recibió una similar en marzo de 2024. La construcción ya empezó y su activación está prevista para 2026.
South Fork Wind, operativo desde marzo de 2024, también fue eximido bajo condiciones parecidas. Otros dos proyectos adicionales, aún no iniciados, ya han recibido aprobaciones que los liberan de garantías financieras inmediatas.
Revisión legal y oposición creciente
La moratoria que impuso Donald Trump antes de dejar el cargo buscaba frenar nuevos permisos y revisar a fondo el marco legal y ambiental. Algunos opositores ven ahora una nueva oportunidad para detener los avances de estos proyectos.
Uno de ellos es Empire Wind, con 54 turbinas, que fue pausado brevemente pero luego recibió luz verde. Organizaciones como Green Oceans y Ack4Whales están presionando a la administración Trump para que cumpla con la moratoria y detenga la construcción de seis proyectos más.
Lisa Quattrocki Knight, presidenta de Green Oceans, pidió al nuevo secretario del Interior, Doug Burgum, que frene los desarrollos hasta que se evalúe adecuadamente su impacto ecológico.
Acusaciones legales contra la administración Biden
Una carta enviada al secretario Burgum afirma que la administración Biden cometió graves violaciones legales al acelerar estos proyectos. Los grupos firmantes sostienen que el proceso incumplió leyes como la de Tierras de la Plataforma Continental Exterior, y que el Congreso nunca autorizó tales exenciones.
Además, alegan que no se cumplieron procesos de consulta como los exigidos por la Ley de Preservación Histórica Nacional. Exigen que las aprobaciones sean anuladas y que se tomen medidas inmediatas para revisar todo el proceso. Aunque detener proyectos ya en construcción será difícil, la administración Trump podría endurecer los requisitos y evitar nuevas exenciones. Lo que está en juego es el costo ambiental y económico a largo plazo.
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