El acusado ha denunciado que tood es falso y que la calumnia nace de un tercero que «ha querido extorsionar a su familia» valiéndose del sistema judicial
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La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia Nacional que se rechace la extradición a México de un hombre acusado de haber violado a un menor del que era familiar al entender que los hechos de acuerdo al Código Penal español han prescrito.
Felipe R.P. rechaza ser entregado
En vista de la extradición celebrada este miércoles, Felipe R.P. ha indicado que rechaza ser entregado y ha explicado que tiene la nacionalidad –española y mexicana– con arraigo en España –trabajo, DNI, etc.– desde que se mudara hace un año.
Sobre los hechos, ha denunciado que todo es falso y que la calumnia nace de un tercero que “ha querido extorsionar” a su familia valiéndose del sistema judicial mexicano para obtener beneficios económicos de una herencia de una tia que tenían en común.
Además, ha comentado que ha sido objeto de persecución en redes sociales por el denunciante, al que acusa de haber presionado también a jueces mexicanos. Igualmente, ha argumetando que su llegada a España hace un año fue por trabajo y para ayudar a su hermana a cuidar de sus sobrinos.
En el turno de informes, la Fiscalía se ha limitado a comentar que los hechos estarían prescritos mientras que el abogado que ha actuado en representación de México ha solicitado que se proceda en la extradición al entender que los hechos que se le imputan al encausado no han prescrito, y que son los mismos delitos en ambos países –agresión sexual–.
Vínculos artificiales
En este sentido, el abogado en representación de México ha recalcado que los supuestos hechos, agresiones sexuales a su sobrino a lo largo de cuatro años, no habrían prescrito de acuerdo al Código Penal español vigente en 1999 porque recoge un plazo de 20 años a contar desde que el menor cumple 18 años. “Cumplió 18 en 2006, por tanto cuenta desde 2006 y los hechos prescriben en 2026 según la legislación española”, ha alegado.
En cuanto al hecho de que el encausado tenga doble nacionalidad, española y mexicana, ha comentado que sus vínculos españoles son “artificiales” porque el 50% de la población mexicana tiene vínculos con España.
Por su parte, la defensa se ha opuesto a la extradición porque México ha incumplido “absoluta y flagrantemente” el principio de legalidad formal vulnerando el tratado de extradición entre ambos países.
Además, se ha adherido a la postura de la Fiscalía en el sentido de que los hechos habrían prescrito, y ha apuntado que los diferentes supuestos episodios de agresión sexual ocurrieron en años distintos y por tanto serían delitos instantáneos y carecen del carácter de delito continuado.
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