El Gobierno francés lanza nuevas medidas regulatorias y financieras para desmantelar redes ligadas al islamismo político y los Hermanos Musulmanes
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En un contexto marcado por la discreción, el presidente Emmanuel Macron presidió el pasado 7 de julio una reunión clave del Consejo de Defensa, centrada en la lucha contra el islamismo político y los Hermanos Musulmanes. Este segundo encuentro, tras el realizado el 21 de mayo, deja atrás los discursos y entra en una fase operativa. La sesión contó con la participación del ministro del Interior Bruno Retailleau, la titular de Educación Élisabeth Borne y la ministra de Deportes Marie Barsacq.
Aunque las medidas no fueron espectaculares, según fuentes del Elíseo, se dirigen con precisión a actores islámicos organizados y discretos, que han adaptado su estrategia para esquivar la acción del Estado. Marine Le Pen, desde la Agrupación Nacional, calificó las acciones como simples “medidas administrativas”, restándoles peso político.
Tácticas legales ante el islamismo camuflado
Un informe publicado en mayo por el think tank Fondapol y firmado por el prefecto de Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, alerta sobre el uso de taqîya (la práctica de disimulo religioso) como escudo legal. Según el documento, algunas mezquitas hacen revisar sus sermones por abogados para evitar que se consideren delitos perseguibles. En este escenario de dobles discursos, la administración debe actuar con prudencia y precisión.
El arma: el acoso normativo
Frente al islamismo legalista, las autoridades están empleando el acoso regulatorio. En Nièvre, el Instituto Europeo de Ciencias Humanas de Saint-Léger-de-Fougeret —vinculado a la Hermandad Musulmana— fue sometido a inspecciones que revelaron graves fallos de seguridad. A ello siguió un registro en diciembre de 2024 y, en junio de 2025, un decreto de congelación de activos que también alcanzó a sus directivos.
Acciones similares se tomaron contra el Instituto Lissen, una escuela coránica de Colombes, cerrada en mayo tras detectarse violaciones “muy graves” en materia de seguridad contra incendios. Aunque los informes oficiales no mencionan su contenido doctrinal, el enfoque apunta claramente a estructuras asociadas al islamismo radical.
Fondos de dotación bajo la lupa
Uno de los focos centrales es la supervisión de los fondos de dotación, mecanismos pensados para el mecenazgo cultural o religioso, que han sido manipulados por redes islamistas para captar financiamiento —incluso desde el extranjero—. Aunque la ley de separatismo de 2021 aumentó los controles, la disolución de estos fondos solo puede decretarse judicialmente. El Gobierno quiere introducir ahora la disolución administrativa, lo que acortaría los plazos y daría ventaja al Ejecutivo.
Los fondos afectados podrían apelar ante tribunales administrativos, pero la carga de la prueba recaería en ellos, no en el Estado. Según fuentes oficiales, ya se han iniciado 18 procesos judiciales, con nueve disoluciones efectivas.
Sanciones económicas y control fiscal a asociaciones
Además, el Ejecutivo anunció castigos financieros a asociaciones que violen el contrato de compromiso republicano. También se intensificará el control sobre el régimen fiscal de la filantropía, cuya laxitud ha permitido que organizaciones islamistas se beneficien de deducciones fiscales, incluso con la etiqueta de “interés general”.
Un informe del Tribunal de Cuentas de 2021 denunció ya este problema. Las donaciones que se canalizan hacia entidades sospechosas pueden reducir hasta dos tercios del ingreso imponible de quien las hace, sin un control adecuado.
Congelación de activos y control patrimonial
La normativa vigente solo obliga a declarar donaciones extranjeras superiores a 15.300 euros, umbral que el Gobierno planea reducir. También se está diseñando un régimen coercitivo que permita incautar los bienes de asociaciones disueltas, para evitar su reaparición bajo otra identidad jurídica en el extranjero.
Casos como Barakacity y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia, disueltos en 2020, muestran cómo estructuras similares pueden emerger en Londres o Bruselas con los mismos recursos económicos que se buscaba neutralizar.
Cambios en la legislación sobre publicaciones islamistas
El Consejo de Defensa también explora ampliar el plazo de prescripción de publicaciones que incitan al odio religioso. Actualmente, el periodo legal es de solo un año desde la publicación de una obra, lo que deja margen para la distribución digital de textos radicales. Ejemplo de ello es la obra “Las Reglas de la Legislación Islámica Iluminada por la Tradición Profética”, de Sayed Sabiq, aún disponible en línea.
Aunque útil, esta ampliación tendría implicaciones constitucionales, ya que afectaría a todo tipo de publicaciones y no solo a las religiosas.
Educación: vigilancia reforzada a la formación islámica
En el frente educativo, el Gobierno lanzará un plan para controlar más de cerca a las organizaciones de educación a distancia. Desde 2022, el modelo de educación en el hogar ya requiere autorización previa. También están en el radar las escuelas musulmanas privadas, algunas de las cuales se presentan bajo nombres como “escuelas Montessori” para eludir inspecciones.
Macron confirmó además la creación de una estructura estatal específica contra el islamismo, que trabajará junto a la Dirección Nacional de Inteligencia Territorial (DNRT).
Las Clir: un modelo que se expandirá
Esta nueva unidad coordinará esfuerzos con las Células Departamentales de Lucha contra el Islamismo y el Repliegue Comunitario (Clir), una iniciativa que ha dado frutos en varias regiones. Su función: detectar, prevenir y desmantelar redes islamistas locales, actuando de forma discreta pero eficaz.
El Gobierno quiere presentar una ley en otoño para permitir la plena ejecución de estas medidas. Si el calendario legislativo se cumple, el arsenal legal de Francia contra el islamismo político se ampliará de forma significativa antes de que finalice 2025.
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