El secretario de Estado de Seguridad de Mariano Rajoy insiste en que no es el cabecilla de ninguna trama u organización criminal
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Imagen: Francisco Martínez I EFE
Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha solicitado a la Audiencia Nacional su salida de prisión provisional, alegando que no desempeñó ningún “rol central” ni actuó como “arquitecto jurídico” en la presunta organización criminal dedicada al robo y venta de datos confidenciales, liderada por el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec.
La defensa de Martínez sostiene que las acusaciones contra su cliente “no superan el universo de la especulación y de la sospecha” y califica de “relato tan pomposo como artificial” la versión que lo sitúa como pieza clave en la trama. El ex alto cargo del Ministerio del Interior rechaza haber “blindado” las acciones de Alcasec o haber diseñado el entramado legal, patrimonial e institucional que, según la investigación, permitió a la red operar con anonimato y legitimidad aparente.
Detención, prisión provisional y argumentos de la jueza
La detención de Francisco Martínez se produjo en el marco de la denominada Operación Borraska, una investigación dirigida por la jueza María Tardón que persigue desmantelar una red criminal dedicada al robo masivo de datos personales y su posterior comercialización ilegal. Tras su arresto, Martínez fue enviado a prisión provisional sin fianza, decisión que ha generado un intenso debate jurídico y político.
La jueza Tardón fundamentó su decisión en la presunta responsabilidad de Martínez en “brindar cobertura legal a una estructura ilícita altamente tecnificada”, señalando que su perfil profesional, que combina experiencia jurídica, institucional y política, fue clave para la consolidación y sostenibilidad de la organización criminal. Según la magistrada, Martínez habría desempeñado un papel estratégico al facilitar la creación de sociedades pantalla y mecanismos legales que permitieron a la red operar con apariencia de legitimidad.
Además, la jueza argumentó que existe riesgo de fuga y de posible destrucción de pruebas por parte del exsecretario de Estado, lo que justificó su encarcelamiento preventivo. Esta medida ha sido criticada por sectores que consideran que no existen indicios suficientes para mantenerlo en prisión y que podría afrontar el proceso en libertad bajo medidas cautelares.
Defensa insiste en la inocencia y pide libertad provisional
La defensa ha presentado un recurso solicitando su excarcelación provisional, alegando que la prisión preventiva es una medida desproporcionada y que no existen motivos suficientes para mantenerlo privado de libertad. Los abogados insisten en que las actuaciones atribuidas a Martínez son propias del ejercicio profesional habitual y que no hay evidencias que demuestren que participó en actividades delictivas o que tuviera conocimiento de las operaciones ilegales de Alcasec.
Asimismo, la defensa rechaza la existencia de riesgo de destrucción de pruebas, señalando que Martínez no tiene acceso a la documentación ni a los sistemas informáticos relacionados con la investigación, por lo que no podría interferir en el proceso. También subrayan que el exsecretario de Estado ha colaborado con la Justicia desde el inicio y que no existe peligro de fuga, dado su arraigo personal y profesional.
La causa continúa abierta en la Audiencia Nacional, donde se espera que en las próximas semanas se resuelva la petición de libertad provisional. Mientras tanto, Martínez permanecerá en prisión, en un caso que ha puesto en el centro del debate la responsabilidad legal y política de altos cargos en presuntas tramas criminales vinculadas a la seguridad del Estado.
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