El socialista extremeño quiere que sea el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el encargado de gestionar su imputación
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Imagen: el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo I Europa Press
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ha decidido ralentizar los intentos del expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, de trasladar su caso al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Gallardo, actual líder del PSOE en la región y recientemente proclamado diputado en la Asamblea de Extremadura, está imputado en una causa por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, relacionada con su etapa al frente de la corporación provincial.
El político socialista, que insiste en su inocencia, maniobra para que el caso pase al alto tribunal autonómico, algo que solo sería posible si se confirma su condición de aforado. En este contexto, la jueza ha solicitado a la Junta Electoral los datos concretos de la toma de posesión del político como diputado regional, para verificar si realmente disfruta ya de la prerrogativa del aforamiento.
La jueza, cauta ante el intento de traslado
La magistrada Biedma ha optado por no precipitar el envío del caso al TSJEx, argumentando que, por el momento, no se ha acreditado formalmente que Gallardo haya adquirido la condición plena de diputado. Para la jueza, este es un elemento clave: mientras no se certifique la toma de posesión y la adquisición del aforamiento, su juzgado sigue siendo el competente para instruir la causa.
La decisión de la magistrada responde a la presentación de un escrito por parte de la defensa, en el que solicitaban con urgencia la inhibición del caso en favor del TSJEx. La respuesta judicial marca un freno a las aspiraciones del político socialista, que busca una instancia judicial más favorable o, al menos, más acorde a su nuevo estatus institucional.
Una causa que persigue a Gallardo
El proceso judicial se centra en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos durante la presidencia del socialista en la Diputación pacense. La Fiscalía investiga posibles delitos de prevaricación administrativa continuada y malversación, aunque por el momento no se ha cerrado la fase de instrucción ni se han formalizado acusaciones definitivas.
Este procedimiento ha erosionado progresivamente la imagen del líder socialista, especialmente en un momento político clave para su carrera, en el que aspira a consolidarse como figura de peso dentro del PSOE extremeño tras la etapa de Guillermo Fernández Vara.
El aforamiento como escudo político
El interés de Gallardo por acelerar el traslado de su causa al TSJEx obedece, en gran parte, a una estrategia jurídica y política. Al convertirse en diputado autonómico, Gallardo adquiere la condición de aforado, lo que implica que solo puede ser juzgado por el tribunal superior de la comunidad autónoma, no por un juzgado ordinario como el que ahora instruye su caso.
Este blindaje judicial no garantiza la impunidad, pero sí supone un cambio en las condiciones del proceso: menos exposición pública en juzgados de instrucción y una posible interpretación más institucional del caso. Por ello, asegurar su escaño cuanto antes se ha convertido en una prioridad para el dirigente socialista, que busca proteger su carrera política de las turbulencias judiciales.
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