Cuatro periodistas son imputados por revelar datos de un informe de la UCO sobre el fiscal general, en una causa que enfrenta libertad de prensa y justicia
The post García Ortiz no consigue acabar con los periodistas que revelaron el informe de la GC first appeared on Hércules. El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid ha imputado a cuatro periodistas —dos de El Mundo, uno de 20 Minutos y una de El País— por un presunto delito de revelación de secretos. La causa se originó tras una queja presentada por la fiscal jefe provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, que denunció la difusión en prensa de datos privados contenidos en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Los hechos se remontan al 25 de noviembre de 2024, cuando los periodistas publicaron artículos detallando el contenido de un informe policial que atribuía a García Ortiz un presunto papel clave en la filtración de datos fiscales del empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía General del Estado, según el informe, habría difundido a la prensa —solo cuatro días después de recibirlos— documentos confidenciales relacionados con una denuncia por delitos fiscales y falsedad documental contra González Amador.
Investigados por informar sobre un caso de interés público
Los periodistas han sido citados a declarar el próximo 19 de junio en calidad de investigados. La imputación se fundamenta en la denuncia de Rodríguez, quien aparece también como investigada en el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en la filtración. El juez Ángel Hurtado, tras recibir las quejas, remitió el caso a los juzgados ordinarios, abriendo así la vía penal contra los redactores.
Las informaciones que dieron pie a esta causa incluían detalles sobre conversaciones de WhatsApp entre la fiscal Rodríguez, García Ortiz y otros miembros de la cúpula de la Fiscalía. De acuerdo con los agentes, esas comunicaciones sugerían que desde Fiscalía General se había facilitado a ciertos medios la denuncia contra González Amador, lo que ahora genera una paradójica situación: se investiga a quienes informaron de una posible filtración, a instancias de una persona que podría haber participado en la misma.
Más de 50 periodistas salen en defensa de sus compañeros
La imputación ha provocado una ola de protestas en el gremio periodístico. Más de 50 periodistas de tribunales han firmado un escrito dirigido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la decana de los juzgados de Plaza de Castilla. En el documento defienden el trabajo de sus compañeros, asegurando que solo cumplieron con su “deber constitucional” de informar sobre un asunto de “enorme trascendencia social e institucional”.
Los firmantes expresan su “respeto a la independencia judicial”, pero advierten de que estas actuaciones pueden tener un “efecto disuasorio” para quienes ejercen el periodismo de investigación. “El derecho de la sociedad a recibir información veraz no puede ser limitado por investigaciones penales que ponen en peligro el secreto profesional y la protección de las fuentes”, subrayan.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también han expresado su “profunda preocupación”. Ambas organizaciones destacan que los periodistas están amparados por el artículo 20 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y el secreto profesional. Advierten, además, que los artículos del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal invocados para iniciar la causa están dirigidos a funcionarios judiciales, no a profesionales de la comunicación.
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