El novio de Ayuso ha solicitado al juez intervenir las comunicaciones de informadores que se encuentran protegidos por el secreto profesional
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Imagen: Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso I EFE
Alberto González Amador, empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes un escrito ante el Tribunal Supremo solicitando la intervención de las comunicaciones de seis periodistas. La petición afecta a informadores de Cadena SER, eldiario.es y El Plural, y busca indagar en sus intercambios con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a raíz de la presunta filtración de un correo electrónico remitido a la Fiscalía. En dicho correo, González Amador habría reconocido un delito de fraude fiscal y propuesto un acuerdo para evitar la cárcel.
La solicitud, dirigida al juez Ángel Hurtado, pide a las operadoras de telefonía conservar los registros de las comunicaciones de los periodistas durante los últimos nueve meses. Esto incluye llamadas, mensajes enviados y recibidos, así como la duración y horarios de las conversaciones. La medida, que choca directamente con el derecho constitucional al secreto profesional de los periodistas, plantea un inédito conflicto entre la libertad de prensa y la intimidad de las comunicaciones.
Peticiones que amplían el foco de la investigación
En su escrito, González Amador también insta al juez a autorizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar los dispositivos electrónicos del teniente fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cuya imputación solicita. Asimismo, propone analizar las comunicaciones de varias figuras vinculadas al Gobierno en el momento de los hechos, entre ellas Francesc Vallés, secretario de Estado de Comunicación; Laura Sánchez Espada, directora de comunicación del Ministerio de Vivienda; Ion Antolín, jefe de comunicación del PSOE en ese periodo; y Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de Gabinete de Óscar López. Según el empresario, esta última habría enviado el correo electrónico filtrado al líder socialista madrileño, Juan Lobato, quien ya testificó y permitió el análisis del contenido de su móvil.
Alegaciones sobre la vulneración de derechos
El empresario argumenta que la publicación de información sobre su confesión supone una violación de su derecho a la intimidad y a la defensa. Sin embargo, su abogado omite cualquier mención al bulo difundido previamente por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, que aseguraba falsamente que había sido la Fiscalía quien ofreció un pacto a González Amador, y no al revés. Este bulo fue utilizado para desprestigiar al Ministerio Público y precedió a la filtración del correo electrónico. Rodríguez, además, había lanzado amenazas públicas contra periodistas de El País que investigaban el caso.
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