La Agencia Tributaria intensifica la presión sobre proveedores e inversores de criptomonedas en plena ofensiva regulatoria europea
The post Hacienda estrecha el cerco sobre los criptoactivos con inspecciones masivas first appeared on Hércules. La Agencia Tributaria ha lanzado una campaña sin precedentes de inspecciones y requerimientos sobre el mundo de las criptomonedas. El objetivo es claro: obtener trazabilidad total de los movimientos y detectar posibles fraudes fiscales. Tanto los proveedores de servicios como los propios inversores están bajo la lupa, en un contexto marcado por la entrada en vigor de nuevas normativas europeas y una creciente exigencia informativa.
La ofensiva tiene como punto de apoyo el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2025, que pone el foco en captar datos de empresas que intermedian en operaciones con monedas virtuales. El propósito es conocer la fuente de las rentas, el patrimonio y las posibles plusvalías derivadas de estas inversiones. Según fuentes de la AEAT, ya se están enviando requerimientos tanto a brókeres nacionales como a operadores extranjeros activos en España.
En 2025 llega la regulación europea
Este año marca un punto de inflexión en la fiscalidad cripto. A la entrada en vigor del reglamento europeo MiCA, que regula la solvencia y comportamiento de los proveedores, se suma la inminente implementación de la directiva DAC 8, que obligará desde 2026 a todas las plataformas a reportar los movimientos de sus clientes a las autoridades fiscales europeas.
Aunque su transposición está prevista para final de este año, Hacienda ya ha comenzado a exigir información a los operadores, adelantándose a su entrada en vigor. Según los expertos, esta proactividad podría generar un aluvión de sanciones por errores u omisiones en la información aportada.
“Algunos proveedores ya están siendo inspeccionados, al igual que tenedores de criptoactivos a quienes se han abierto comprobaciones”, explican Cristina y Ana Mayo, socias del despacho FinReg. A medida que Hacienda accede a más datos, aumenta su capacidad para contrastar las rentas declaradas con la realidad, lo que se traduce en más litigios y multas.
Sanciones severas para proveedores e inversores
El régimen sancionador que se perfila en el anteproyecto para transponer DAC 8 es especialmente riguroso: 200 euros por cada persona sobre la que falte información y 300 euros si los datos son falsos o inexactos. Además, tras dos requerimientos fallidos, Hacienda podrá ordenar la baja cautelar en el censo del proveedor en un plazo de 90 días.
Las inspecciones no se limitan a datos informativos: también se revisan cuestiones de IVA, Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio, así como el nuevo Impuesto de Solidaridad para Grandes Fortunas. La alta volatilidad de las criptomonedas puede hacer que un contribuyente cruce umbrales fiscales de forma puntual, incurriendo en obligaciones de declaración que no siempre se cumplen.
La tensión entre la naturaleza anónima del ecosistema cripto y la exigencia de transparencia por parte del fisco es evidente. “Se está intensificando el control, y cada vez hay más requerimientos por ejercicios no prescritos desde 2020”, advierte Nazario Mendoza, socio de Zadal. La situación se complica especialmente para plataformas extranjeras o wallets autoalojadas, donde el control administrativo es más difícil y la resistencia a compartir datos es mayor.
Los modelos 721, 172 y 173, que obligan a declarar tanto saldos como movimientos de criptomonedas, están siendo utilizados para abrir comprobaciones. Expertos en fiscalidad recomiendan a los contribuyentes revisar su situación antes de ser inspeccionados para evitar sanciones.
La CNMV toma el relevo del Banco de España en la supervisión
En el ámbito financiero, el reglamento MiCA transfiere la supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hasta ahora, los proveedores solo necesitaban registrarse en el Banco de España, pero ahora deben presentar un plan de negocio detallado y cumplir requisitos de solvencia y transparencia.
El cambio ya ha movilizado al sector bancario. BBVA ha recibido autorización para operar con criptoactivos, y entidades como Openbank, CaixaBank o Kutxabank planean entrar en este mercado. Cecabank, por su parte, lanzará una plataforma en alianza con Bit2Me, disponible para otros bancos.
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