La medida del Gobierno excluye a los más vulnerables de la exención fiscal anunciada, obligándoles a financiar al Estado con sus retenciones
The post Hacienda obliga a pensionistas y parados con el SMI a pagar IRPF pese a prometer lo contrario first appeared on Hércules. Lo que se anunció como una medida de alivio para quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha terminado por revelar una de las decisiones más polémicas del Gobierno en materia fiscal: por primera vez, pensionistas y parados que perciban el SMI deberán tributar en el IRPF. Lo que parecía una exención generalizada se convierte, en la letra pequeña, en una trampa legal que excluye deliberadamente a quienes no se encuentran bajo una relación laboral efectiva.
La medida, impulsada por PSOE y Sumar a través de una enmienda a una ley que nada tiene que ver con el IRPF, ha sido diseñada de forma que solo puedan beneficiarse los contribuyentes con rendimientos obtenidos “de la prestación efectiva de servicios correspondientes a una relación laboral o estatutaria”. De este modo, quedan fuera los pensionistas, los parados y otros perceptores de rentas asistenciales, pese a que sus ingresos sean equivalentes al SMI.
Financiación forzosa del Estado por parte de los más débiles
Más allá de la obligación de presentar la declaración, estos ciudadanos verán retenidas sus rentas a lo largo de 2025, para luego tener que reclamar lo que les corresponde en la campaña de la Renta del año siguiente. Es decir, se ven obligados a financiar al Estado durante un año con dinero que necesitan para vivir, a cambio de una hipotética devolución que muchos ni siquiera saben cómo gestionar.
El Gobierno de coalición ha justificado esta maniobra como una “deducción en cuota”, una fórmula técnicamente válida, pero socialmente regresiva. La medida se toma, además, sin campaña informativa, sin comparecencias claras y con una ambigüedad que bordea el cinismo político. No se trata de un error, como reconocen fuentes técnicas: es una exclusión deliberada de quienes no encajan en los parámetros de contribuyente “activo”.
Golpe a los jóvenes desempleados y a la equidad fiscal
Entre los grandes damnificados están los jóvenes desempleados que sobreviven con prestaciones mínimas o rentas irregulares. Este colectivo, ya castigado por el paro estructural, la vivienda inaccesible y la precariedad laboral, se enfrenta ahora a un laberinto fiscal que penaliza su condición de vulnerabilidad.
La medida también crea un problema añadido: el desincentivo a aceptar empleos temporales o prácticas remuneradas, que pueden elevar la renta declarada sin que eso implique un ingreso real sostenible. En muchos casos, los jóvenes podrían optar por renunciar a ciertos ingresos o evitar declarar, temiendo entrar en un sistema fiscal que no distingue entre privilegio y necesidad.
La discriminación entre contribuyentes según el tipo de renta obtenida no es nueva, pero sí se agrava con esta reforma. Expertos como Francisco de la Torre y Carlos Victoria ya denunciaban en 2023 las distorsiones del sistema, donde dos personas con idéntico ingreso tributan de forma diferente si tienen uno o dos pagadores. El Gobierno, en lugar de corregir estas anomalías, ha preferido cargar el coste de su política fiscal sobre los hombros de quienes menos pueden soportarlo.
La universalización del IRPF, si no viene acompañada de mecanismos de compensación reales, es en la práctica una subida de impuestos para los más pobres, y así lo denuncian también inspectores y asesores fiscales. El resultado es una arquitectura tributaria que refuerza la desigualdad y pone en duda el discurso progresista de la coalición gobernante.
Ni el Ministerio de Hacienda ni el de Trabajo han explicado públicamente los efectos reales de la reforma. La ministra María Jesús Montero ha evitado las cámaras en los últimos días, mientras Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se refugian en la ambigüedad política, sin aclarar si esta exclusión es fruto de una omisión o de una elección consciente.
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