La organización advierte que la reforma puede aplicarse de forma ambigua para desactivar a quienes investigan la corrupción cercana al poder
The post Hazte Oír denuncia posible intento de silenciar las acusaciones populares con la nueva ley de asociaciones del PSOE first appeared on Hércules. La reforma legal impulsada por el PSOE para permitir la disolución de asociaciones que realicen apología del franquismo ha encendido las alertas en organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias. Según publica The Objective, estas entidades consideran que la medida podría ser utilizada como una vía indirecta para suprimir la figura de la acusación popular, especialmente en casos que afectan al entorno del presidente del Gobierno.
La propuesta, que ya superó el trámite del Congreso de los Diputados, incorpora una nueva disposición a la ley de asociaciones. Su objetivo declarado es facilitar la extinción de entidades vinculadas al franquismo, como la Fundación Francisco Franco. Sin embargo, colectivos actualmente implicados en causas judiciales contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente, temen ser incluidos en el alcance de la norma por motivaciones políticas.
Acusaciones incómodas y riesgo de disolución
Desde Hazte Oír denuncian que el Ejecutivo busca eliminar acusaciones independientes bajo el pretexto de combatir el franquismo. La organización, que ha promovido campañas contra la resignificación del Valle de los Caídos, señala que el Gobierno podría aplicar de forma ambigua la nueva disposición para justificar su disolución. En declaraciones a The Objective, su portavoz calificó la reforma como una “estrategia de censura” y advirtió de una “vulneración grave de los derechos civiles”.
Manos Limpias también estaría en la mira. Su presidente, Miguel Bernad, ha sido acusado de simpatías franquistas tras firmar un manifiesto que ha sido llevado a la Fiscalía por el ministro de Memoria Democrática. Aunque no han lanzado campañas públicas como Hazte Oír, el riesgo de quedar afectada por la nueva normativa también planea sobre esta asociación, que presentó una denuncia por presunto tráfico de influencias contra la esposa del presidente.
Al margen de esta reforma, el Gobierno ha propuesto otras iniciativas que endurecen las condiciones para ejercer la acusación popular, como la exigencia de fianzas más altas. Estas medidas han sido criticadas por asociaciones judiciales y han despertado el interés de la Comisión Europea, que anunció su intención de revisar el impacto de las reformas en el acceso ciudadano a la justicia.
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